Una de las más importantes agendas políticas del 2020, es sin duda, la renovación de 4 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, su máximo órgano de dirección.
En medio de la defensa de la autonomía del propio Instituto, de los señalamientos contra la reelección de su Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, así como la presión presupuestal derivada de su recorte por parte del gobierno de la 4T, éste y el INE, atraviesan un momento crucial.
La relevancia de las 4 designaciones, es atribuida a las elecciones a celebrarse el año próximo; 500 diputaciones federales con la peculiaridad de su reelección por primera ocasión, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y 30 Ayuntamientos, haciendo un total de casi 3500 cargos de elección popular a renovarse.
El foco de atención es la exigencia de la ciudadanía y de diversos actores políticos, de que los nuevos consejeros sean independientes, sin presiones políticas y con pericia demostrada en materia electoral, lo cual garantiza elecciones mejor organizadas que otorguen certeza y legalidad en sus resultados.
Sin embargo, el proceso no ha iniciado de la mejor manera, comenzando con el nombramiento de John Ackerman como integrante del Comité Técnico Evaluador (Comité que evalúa y propone aspirantes idóneos a la Cámara baja), quien al ostentar cargo partidista -miembro del Instituto de Formación Política de Morena- no supera la duda razonable sobre su imparcialidad, además, basta recordar sus expresiones en la elección presidencial de 2018, donde incluso se manifestó contra el INE, argumentando su desconfianza en la autoridad electoral, temiendo por un “nuevo fraude”.
En tal sentido, dada la importancia del Comité Técnico Evaluador, se debió hacer un análisis riguroso de los perfiles que lo integran, puesto que sus miembros no solo deben ser, sino que también parecer imparciales, lo que exige acreditarse y garantizarse sin lugar a dudas razonables.
Pese a lo anterior, así inició el proceso de renovación de 4 consejerías, en donde resalta la emisión de una convocatoria sin etapas claras, y que, en su desarrollo se acordó convocar a una fase de examen de “conocimientos electorales” con 48 horas de anticipación a su aplicación.
El citado examen, a opiniones de algunos de los aspirantes que participaron en la etapa, poco o nada trató de materia electoral, plagado de preguntas de carácter subjetivo e histórico, además de otros tocas ajenos a la materia y que en nada garantizar contar con mejores perfiles para una consejería.
Así, entre las deficiencias de un proceso debidamente organizado, el partido dominante en el Congreso de la Unión cuenta con la mayoría calificada exigida constitucionalmente, teniendo 341 votos de los 334 necesarios, de tal manera que la legalidad y certeza de las próximas elecciones se encuentra sujeta a lo que hagan o dejen de hacer.
Nos encontramos ante la oportunidad de refrendar la confianza en la autoridad administrativa electoral, fortalecer el prestigio de la Cámara de Diputados, lo anterior depende en gran medida de si el proceso se conduce con transparencia, regido por criterios que busquen a los perfiles más capacitados y designados con voluntad de inclusión y consenso.
Hoy, debemos seguir de cerca este proceso, no podemos permitir nombramientos que no garanticen su imparcialidad y competencia. Es un momento donde se construye la cimentación de elecciones con certeza y legalidad. Que nuestros representantes en la Cámara baja defiendan nuestra democracia. Continuemos solidificando nuestras Instituciones, sigamos evolucionando.
