En las últimas semanas, un grupo de gobernadores ha manifestado su rechazo al actual pacto fiscal, al considerar que las participaciones recibidas no son proporcionales a los impuestos que sus estados generan, pues estados como Nuevo León o Jalisco son algunos de los que más aportan pero menos reciben de vuelta para invertir en seguridad, servicios, obra pública, etcétera; mientras otros como Tabasco, Oaxaca, Chiapas o Guerrero, se encuentran en la lógica inversa, es decir, aportan menos pero reciben más. Además, las inversiones de la federación presentan una dinámica similar: por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), informó hace algunos días que invertirá 25 mil millones de pesos a través del Programa de Mejoramiento Urbano en 68 municipios, de los cuales la gran mayoría se encuentran en el sur-sureste del país, mientras estados como Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León, hasta ahora han sido excluidos de ese programa.
En ese sentido, es previsible que en los próximos años los recursos de la federación continúen destinándose en mayor medida a aquellos estados y municipios donde el gobierno tenga mayores intereses político-electorales; mientras otros deberán ser más proactivos para movilizar recursos propios que les garanticen mayor autonomía para entregar mejores resultados a su población. En el caso específico de los municipios, en promedio el 71 por ciento de sus ingresos proviene de transferencias federales, lo que hace de sus finanzas altamente vulnerables a coyunturas políticas que limitan su autonomía y flexibilidad. Por lo tanto, es sumamente importante que los municipios reduzcan su dependencia de dichas transferencias si quieren realizar una gestión exitosa. ¿Qué pueden hacer para ello?
Los municipios pueden generar recursos propios, por ejemplo, a través de cargos o tarifas por servicios públicos, como agua, alumbrado o recolección de residuos, para recuperar parcialmente los costos de operación de esos servicios; sin embargo, la recaudación suele no ser suficiente para cubrir la totalidad de lo costos ni para realizar inversiones en otros rubros como espacio público, movilidad e infraestructura. Por ello, muchas ciudades del mundo están diversificando esos ingresos mediante esquemas alternativos como la tarificación vial, que establece cargos electrónicos para el ingreso de automóviles a zonas o vialidades congestionadas durante ciertos horarios, lo que permite compensar externalidades negativas del automóvil, gestionar el tráfico vehicular en las grandes ciudades, e invertir en infraestructura de movilidad sostenible. ¿Es esta una opción viable para algunas ciudades en México?
Igualmente, aunque el acceso a crédito a nivel local se encuentra relativamente limitado por aspectos legales, bajos perfiles crediticios de los municipios, entre otros factores, los gobiernos locales pueden explorar los mercados de capitales para financiar proyectos de infraestructura. Los bonos verdes, por ejemplo, son instrumentos mediante los cuales pueden financiarse proyectos de energías renovables, transporte sostenible, gestión de agua y residuos, entre otros; de manera que pueden ser una alternativa atractiva para aumentar el financiamiento local. Asimismo, los municipios pueden hacer un mejor uso del impuesto predial, el cual no solo es altamente eficiente por la relativa inmovilidad de su base gravable, es decir, los bienes inmuebles, sino que además es progresivo porque el gravamen aumenta cuanto mayor es la capacidad económica del propietario del inmueble. Además, su recaudación ingresa directamente a la hacienda municipal sin transferirlo a la federación, lo que garantiza mayor estabilidad en los ingresos. No obstante, maximizar su potencial depende de que exista una mayor rendición de cuentas que a su vez se traduzca en mejores servicios, equipamientos e infraestructura.
Por otro lado, los municipios tienen en la gestión del suelo urbano grandes oportunidades para movilizar recursos propios, a través de instrumentos que en distintas ciudades de América Latina han demostrado ser altamente efectivos, eficientes, justos e innovadores. El financiamiento con base en la gestión de suelo busca aprovechar un porcentaje de las plusvalías que resultan tanto de la inversión pública en servicios, equipamiento e infraestructura, como de la regulación del uso del suelo para financiar nuevas inversiones o canalizar recursos privados para beneficio público. Por ejemplo, los “convenios urbanísticos”, “bonos de densidad”, “zonificación inclusiva”, entre otros instrumentos, buscan movilizar recursos de la iniciativa privada como contraprestación por obtener mayores aprovechamientos del suelo, como nuevos usos o mayores derechos de construcción, los cuales a su vez pueden aumentar el valor de las propiedades y la rentabilidad de proyectos inmobiliarios. Con ello, los desarrolladores inmobiliarios pueden beneficiarse de las plusvalías asociadas a la inversiones públicas o modificaciones a la normativa urbana, mientras el gobierno retorna parte del costo de una obra para reinvertirlo en otras –incluyendo espacio público, infraestructura urbana, vivienda social, etcétera.
En conclusión, la incertidumbre que despierta el gobierno federal sugiere que los gobiernos subnacionales deberán generar mayores recursos propios para invertir en el desarrollo de sus estados o municipios, algo que además deberán hacer en un contexto complejo que demandará estrategias de reactivación económica en el ámbito local. En ese sentido, existen diversos mecanismos e instrumentos, de mayor o menor complejidad, que pueden ayudar a los municipios a aumentar sus ingresos propios; en especial, aquellos asociados a la gestión del suelo urbano. ¿Qué está haciendo Aguascalientes para aumentar el financiamiento local para responder de mejor manera a los desafíos por venir?
fernando.granados@alumni.harvard.edu / @fgranadosfranco
