Siempre ha estado presente el sospechar de todo. Sospechar es sacar conclusiones basadas en corazonadas o intuiciones al observar algunas señales. Si bien es recomendable hacer caso a la intuición cuando se entiende que implica observar ciertos indicios y realizar conjeturas lógicas, y no simples respuestas autómatas, en este mundo globalizado, y sobre todo en la sociedad mexicana, las conjeturas se basan en criterios negativos y discriminatorios por la misma calidad de información y desinformación que fluye a su alrededor: la negatividad se construye socialmente y resulta en una radiografía del interior de algunas personas que proyectan o reflejan hacia los demás.
Por ejemplo, ahora con la educación a distancia en tiempos de pandemia, de repente surgen comentarios en el sentido de si l@s maestr@s “hacen como si dan clase” y l@s estudiantes “hacen como que estudian”; o cómo se evaluarán los aprendizajes en las plataformas, ya que l@s estudiantes “copian” o “pasan las respuestas” y por ello la mayoría “obtienen buenas calificaciones”, por lo que algunos buscan realizar actividades o evaluaciones que, más que medir los aprendizajes, traten de que el estudiante no obtenga buenas notas. Esto es parte del “sospechosismo” (palabra creada por un exsecretario de Gobernación) en su vertiente negativa, pues si bien es cierto que existen posibilidades de que el estudiante busque herramientas inadecuadas para lograr un fin (sospechar siempre de que harán trampa), lo que debemos analizar es que muchas veces los obligamos a eso, ya que seguimos creyendo que la evaluación de los aprendizajes se basa en una nota de un examen escrito, y en ocasiones tales instrumentos de evaluación se realizan con la finalidad de que el estudiante no obtenga una nota adecuada, cuando lo que debemos tener es evidencia de que los alumnos han logrado aprender a conocer, hacer, aplicar y ser (sospechar que se van a formar como buenos profesionistas), lo cual rara vez se obtiene en un examen escrito de simples conocimientos. Un examen escrito, es la herramienta menos precisa o adecuada para valorar aprendizajes. Calificar no es poner una nota, es valorar que la persona está calificada para la actividad, es decir, cuenta con los requisitos y habilidades necesarias para resolver una situación concreta. Para una persona no es redituable ni trascendente saber mil y una teorías; lo que le interesa es conocer las teorías, entenderlas, saber cómo influyen en la realidad, y en consecuencia comprender su forma de aplicación para resolver conflictos, o crear nuevas y mejores teorías y técnicas para transformar la realidad.
¿No será mejor entonces sospechar positivamente? Es decir, en lugar de creer que se hizo trampa y por eso se obtuvo una buena nota por la mayoría de los evaluados, considerar que se ha tenido una excelente estrategia pedagógica por el docente, que ha logrado que sus estudiantes aprendan a aprender, a comprender, a hacer y aplicar con valores, y sus calificaciones son reflejos de la gran maestra o maestro que los está guiando y les facilita el conocimiento. Generando una simbiosis de confianza en el proceso educativo, provocará una entrega de profesionistas calificados en valores, metodologías y habilidades al servicio de sí mismos y la sociedad. Ese es el “sospechosismo” que requerimos.
Esto sólo era un ejemplo para adentrarnos al tema de esta entrega: César Beccaria, en su tratado “De los delitos y de las penas”, pregunta “¿qué género de gobierno es aquel dónde el que manda sospecha en cada súbdito un enemigo, y se ve obligado por el reposo público a dejar sin él a los particulares?”; entonces, ¿por qué buscar que una institución administrativa tenga facultades para ingresar a los domicilios de los particulares, y reciba información de sus registros fiscales? ¿por qué continuar con el ejército en las calles, cuando aparentemente la institución nacional creada para la seguridad pública ya se encuentra conformada y no tiene un carácter militar? ¿por qué las autoridades siguen sospechando de las personas que transitan por las calles por la necesidad de vivir?
Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto claramente que las funciones policiales no pueden estar en manos de instituciones militares; también ha indicado que las intervenciones a la privacidad e intimidad de las personas sólo se justifican por motivos realmente serios y racionales, y principalmente en la investigación de hechos delictivos, no en cualquier circunstancia. Es decir, las autoridades no tienen facultades constitucionales para detener personas, inspeccionarlas, o revisar sus vehículos, domicilios, cuentas bancarias, declaraciones fiscales u objetos por mera “actitud sospechosa”, por su aspecto o mera corazonada, o “delito de portación de cara”. El artículo 16 Constitucional prohíbe las detenciones, revisiones e investigaciones por mera sospecha, sin que exista flagrancia, denuncia o querella de persona claramente identificada. Es decir, se requiere que existan indicios objetivos y razonables que evidencien que una persona está cometiendo un delito, lo haya cometido, o lo va a cometer, pues fuera de esos casos es el prejuicio, la discriminación y el antojo autoritario lo que sustentaría la intromisión, y no una conducta objetiva, percibida a través de los sentidos, que evidencie la comisión de un delito. Pareciera que se quisiera legalizar y validar las corazonadas como herramientas de investigación (“somos la policía, podemos hacer lo que queramos, no importa como ocurre, sino como lo informamos…” en la película Reyes de la Calle).
Seguimos viendo como algunas propuestas siguen siendo de escritorio, y sin contacto directo con la realidad, o por lo menos volteando los ojos hacia otro lado al momento de resolver. En lugar de generar criterios que obliguen a las autoridades a cumplir con sus funciones constitucionales de protección y satisfacción de derechos humanos y fundamentales, y recordar que todas y todos los que estamos aquí en algún momento podemos estar a expensas de conductas autoritarias que nos dañen de forma ilegítima, se buscan crear herramientas que lentamente vayan destruyendo el sistema de protección de derechos en un Estado Constitucional. El camino debe continuar en la implementación de políticas públicas integrales para la satisfacción de necesidades, más que en políticas criminales para la restricción de las libertades.
