Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la falta de certeza sobre el presupuesto federal para atender la violencia contra las mujeres en el hogar, en el contexto del confinamiento sanitario por el Covid-19.
En conferencia de prensa virtual, representantes de Amnistía Internacional, Red Nacional de Refugios (RNR), Equis Justicia para las Mujeres y Red Nacional de Casas de Atención para la Mujer Indígena y Afrodescendientes (CAMIs), reprocharon la falta de claridad de funcionarias encabezadas por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en una reunión sostenida el pasado viernes 22 para determinar el impacto que sufrirán los programas presupuestales destinados a las mujeres.
Ello, luego de que el pasado 23 de abril se publicó un decreto sobre las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno federal.
Para las defensoras resultó desconcertante la insistencia de la secretaria de Gobernación de hablar de “tiempos inciertos” y de que se buscaban recursos entre la comunidad internacional para atender la violencia contra las mujeres.
Explicaron que la reunión encabezada por Sánchez Cordero derivó de una carta que las organizaciones dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la propia funcionaria, para que les explicaran el alcance del decreto del 23 de abril, en el que se consideran los programas que no serán afectados por la austeridad, entre los cuales “ninguno de los presupuestados para prevenir y atender las violencias contra las mujeres se encuentra en la lista de esos programas prioritarios”.
Lamentaron la falta de explicación por la cancelación de los recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, dentro del que están los dineros para las 35 CAMIs que hay en el país, lo que ha obligado a muchas de ellas a cerrar, dejando en la indefensión a mujeres indígenas que no cuentan con más mecanismos de protección.
“Tal pareciera que como mujeres indígenas seguimos siendo invisibilizados por la 4T; nuestro trabajo ha quedado a la deriva como promotoras de las CAMIs. Hace 15 años que vienen operando y es la primera vez que nos quedamos sin recursos”, lamentó Nelsy Maricela Ku Chay, de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena.
Tras recordar que en el decreto del 30 de marzo se consideró como actividad esencial a los refugios y centros de atención a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia, instalaciones que “no pueden operar sin recursos presupuestarios”, las defensoras lamentaron que en la reunión la titular del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), Luz Beatriz Rosales Esteva, no pudo precisar si continuará el financiamiento para los refugios.
Wendy Figueroa, de la RNR, alertó que, por lo pronto, por la suspensión de los fondos para las CAMIs quedaron sin protección 25 mil mujeres que son atendidas anualmente, en tanto que otro tanto que se encuentran en los refugios también estarían en riesgo ante la indefinición presupuestaria.
Las defensoras reconocieron que la pandemia modificó los recursos, pero lamentaron que se esté priorizando el ejercicio presupuestal a los proyectos emblemáticos del gobierno de López Obrador, más allá de las necesidades reales de la población, como atender la violencia contra las mujeres.
Tania Reneaum, directora para México de Amnistía Internacional, hizo un llamado a los diputados a asumir su responsabilidad constitucional, “como contrapeso para hacer llamar a cuentas a las instituciones y averiguar dónde está el dinero destinado para la atención de la violencia contra las mujeres”.
Las defensoras recordaron que el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres”, por lo que urgieron a los legisladores a responder a su responsabilidad de vigilar la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con Reneaum, la secretaria de Gobernación convocará en el próximo mes a una reunión para dar seguimiento a las preocupaciones planteadas por las defensoras, con el compromiso de invitar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que responda a las inquietudes sobre la forma en que el gobierno actual atenderá la problemática de la violencia contra las mujeres.
APRO/Gloria Leticia Díaz
