- El costo sería muy alto y provocaría un desabasto rápido de pruebas para la detección de Covid-19
- Será responsabilidad de ayuntamientos proveer de insumos y medidas para prevenir contagios
Rechazan punto de acuerdo para exhortar a ayuntamientos que realice pruebas de Covid-19 a todos los funcionarios debido a que esto representaría un costo de por lo menos 15 mdp y posiblemente colapse el esquema de salud que se ha manejado ante la pandemia en donde solo se aplican las pruebas necesarias.
A partir del lunes de la siguiente semana serán varios los organismos gubernamentales y establecimientos quienes reanuden actividades tras más de dos meses de distanciamiento social. Por ello, durante la sesión ordinaria del pleno legislativo del 21 de mayo, la diputada Érica Bernal Palomino presentó la propuesta para que todos los funcionarios de los once se realicen pruebas para detectar el Covid-19.
Este punto de acuerdo fue votado en la sesión del pleno legislativo celebrada ayer. Fue rechazada por la mayoría con catorce votos en contra, doce a favor y una abstención. En particular, este punto fue discutido profundamente entre los legisladores, reconociendo que la intención del punto de acuerdo fue buena.
La diputada Patricia García García argumentó que el hacer pruebas a todos los funcionarios representaría un gasto de por lo menos 15 mdp, mismo del que no se tiene una propuesta clara de dónde vendría ese dinero. “Según los datos de El Economista, tiene un costo cada prueba aproximadamente de 2 mil pesos. Considerando que municipio Aguascalientes cuenta con 7 mil 500 trabajadores, este punto tendría un impacto de 15mdp nada más en el municipio de Aguascalientes y tendríamos que ver de dónde lo van a sacar”.
García García resaltó que por parte de los cabildos se ha impedido que regresen a laborar aquellas personas que pertenezcan a algún grupo vulnerable, es decir, que padezcan enfermedades crónico degenerativas, embarazadas y adultos mayores. También se continuó trabajando por medio de guardias y adecuando espacios para evitar más contagios.
Aida Karina Banda Iglesias propuso acotar el número de pruebas a aquellos funcionarios que realizan actividades esenciales, es decir, cerca 300 trabajadores.
El legislador Gustavo Báez Leos señaló que solamente a los servidores públicos que presenten algún síntoma serán a los que se les haga la prueba ya que, de hacerlas sin un síntoma, será un desperdicio de pruebas por lo que se podría colapsar este esquema.
Finalmente, seguirá siendo responsabilidad de los ayuntamientos el tener las medidas e insumos adecuados para evitar contagios entre sus trabajadores, insistiendo que ante cualquier síntoma se acuda a realizarse la prueba.
