APRO/Mathieu Tourliere
Un nuevo estudio confirma que una serie de fallas invalida el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones celebradas en Bolivia el 20 de octubre, el cual sirvió como detonador para el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, que llevó a la ultraderecha y los militares al poder y obligó el líder indígena a refugiarse en el extranjero, con México como primer lugar de asilo.
El nuevo estudio, destacado el domingo pasado en The New York Times, se suma a un análisis publicado en febrero pasado, que llegó a las mismas conclusiones: el informe de la OEA, que concluyó que hubo un fraude electoral en Bolivia a favor de Morales, estuvo basado en una metodología errónea, con un sesgo de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en contra del expresidente.
Esta nueva evidencia parece confirmar la versión que Morales expresó desde su salida forzosa del poder, el pasado 10 de noviembre; en entrevista con Proceso durante su exilio en México, afirmó que fue víctima de un golpe de Estado urdido por la ultraderecha con la ayuda de la OEA –y particularmente de Luis Almagro, su polémico secretario general–, basado en la falacia de que había cometido un fraude electoral.
Tras la huida de Morales, la legisladora de ultraderecha Jeanine Áñez tomó el poder de la mano de los militares; de inmediato, mandó a reprimir con violencia las manifestaciones en apoyo a Morales –al menos 32 personas fueron asesinadas–, persiguió y encarceló a los apoyos políticos del expresidente y contrario a sus promesas, aún no ha concretado las elecciones pero ya se postuló como candidata a la presidencia.
Si bien resalta que el análisis “no establece la ausencia de un fraude” en la elección y recuerda que hubo supuestas irregularidades el día de los comicios, el estudio desmonta las conclusiones de la MOE y con ello invalida el informe que dio la última estocada a Morales: muestra por ejemplo que no existió el supuesto “brinco” en los votos a favor de Morales después de que el 95% de los votos se habían contado –como lo sostuvo la MOE–, o que las tendencias siguieron las anticipaciones del modelo que la propia OEA había avalado.
Dado lo anterior, los investigadores sostuvieron que el informe de la OEA “es defectuoso” y que por ello debería ser descartado.
Este nuevo estudio cuestiona de nuevo la actuación de Luis Almagro durante la crisis política en Bolivia, pues el político uruguayo fue un firme promotor de la versión según la cual hubo fraude electoral en el país sudamericano, y llegó al colmo de afirmar, con un tono falsamente afligido, que Morales se había realizado un “autogolpe”, lo cual, dijo, le dolía “en el alma”.
El 27 de febrero, cuando se publicó el primer estudio que desmontó el informe de la OEA, Almagro salió a defender el trabajo de la MOE: repudió el estudio –aseveró que contiene “múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones” –, y reiteró que hubo “manipulación intencional” en los comicios.
Inmediatamente después, el gobierno mexicano exigió a Almagro que “aclare y explique las diferencias” entre los estudios y, en caso de resultar erróneo el informe de la OEA, pidió al uruguayo que reconozca “las afectaciones de derechos humanos derivadas de los errores en el análisis de la OEA”.
Menos de un mes después, el 20 de marzo, el gobierno mexicano expresó abiertamente su repudio a la polémica reelección de Almagro como secretario general de la OEA –en pleno arranque de la pandemia de Covid-19 en el continente americano y con el apoyo de los gobiernos de derecha de la región–; ese día, la embajadora Luz Elena Baños Rivas tachó de “muy lamentable” su segundo mandato, al que la diplomática mexicana equiparó a un “triunfo de las malas prácticas democráticas”.
Baños aseveró que la reelección de Almagro “es una patética expresión de lo que cualquier Misión de Observación Electoral observaría como malas prácticas (…) un secretario general que no cree en la reelección e hizo todo lo posible por reelegirse, usando nuestros recursos para lograrlo”.
