- Movimiento Ciudadano presentó amparo ante la Suprema Corte de Justicia para derogar el decreto presidencial
- La militarización violenta la autonomía municipal y pone en peligro los derechos humanos
A través de la Asociación Podemos Cambiar, el partido Movimiento Ciudadano presentó amparo ante la Suprema Corte de Justicia para frenar el decreto presidencial en el que se faculta a militares para que desempeñen labores policiacas. Exhortan a los once ayuntamientos a que se presente una controversia constitucional para apoyar esta medida.
En la segunda semana de mayo se publicó en Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que dispone de las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública durante cinco años. Esto a pesar de que, durante su campaña, el mandatario reiteraba que los militares deberían de estar en los cuarteles.
Por ello, el partido Movimiento Ciudadano presentó un recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que este decreto se derogue pues no se estableció un marco regulatorio para delimitar las funciones de los militares, violentando la autonomía municipal y poniendo en peligro los derechos humanos del ciudadano.
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“Sabemos que la seguridad pública es un problema que nos aqueja, que es un problema del día a día, pero también tenemos policías honorables, corporaciones sólidas, fuertes, que dan la vida por defender a las personas, por tener un mecanismo de resolución de conflictos”, señaló José Luis Proa de Anda, militante del partido.
Además de este amparo, también exhortan a los alcaldes de los once ayuntamientos que hagan uso del recurso jurídico llamado controversia constitucional para que, antes de que emita la resolución la corte, se hayan usado todos los mecanismos para defender la autonomía de los municipios y del estado.
La licenciada Luz María Padilla detalló que este amparo quedó registrado bajo el expediente 365/2020 en el juzgado tercero de distrito. Resaltó que el artículo 21 constitucional determina que todos los elementos de seguridad pública deben de ser de carácter civil, a estos le corresponde la prevención, investigación, persecución de delitos, así como infracciones administrativas, si no se frena este amparo, lo militares serán quienes lleven estas labores.
La abogada resaltó que el decreto presidencial da facultades amplias a los militares sin considerar aspectos como sus funciones, uso de fuerza y perspectiva de género.
Luz María Padilla reiteró en su petición para que presenten una controversia constitucional pues, aunque seguridad pública es una facultad de los tres órdenes de gobierno, esta debe de ser coordinada, no de subordinación.
La asociación civil Podemos Cambiar Aguascalientes, precedida por Raymundo Tamayo, resaltó los pobres resultados y las violaciones a derechos humanos que han derivado estas medidas y subrayó que “no es nada contra ningún partido”, pues esta estrategia se implementó desde el sexenio de Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador.
