CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal suspendió de manera indefinida la aplicación de los acuerdos emitidos por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para restringir pruebas pre-operativas y altas de nuevas autorizaciones para centrales eléctricas y eólicas, debido a la caída en la demanda del fluido eléctrico que ha provocado la pandemia de covid-19.
De acuerdo con el expediente 104/2010, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, dijo que la suspensión otorgada al grupo ambientalista Greenpeace no vulnera el interés social ni lesiona los derechos de una colectividad, puesto que se busca la producción de energías más limpias y reducir el uso de combustibles fósiles que resultan más contaminantes para la atmósfera.
“En efecto, si se parte de la premisa de que el uso de energías limpias permite mejorar la calidad de vida de las personas cuidando su salud y preservando al mismo tiempo el medio ambiente, se puede advertir que, a través del otorgamiento de la suspensión solicitada, se podrían proteger los derechos de los aludidos”, señala el fallo judicial.
Tanto Greenpeace como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), agrupaciones que presentaron el juicio de amparo, reiteraron que no tienen ningún interés económico o empresarial en el tema –a diferencia de los amparos que han promovido las empresas del ramo– y que su preocupación es el uso de combustibles fósiles y el incumplimiento de los compromisos del gobierno federal en materia de cambio climático y protección al medio ambiente.
Por lo anterior, el juez suspendió hasta que se concluya el juicio de amparo los efectos de la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicado por la Sener el pasado 15 de mayo.
De igual forma, suspendió de forma indefinida el acuerdo emitido por Cenace el pasado mes de abril que obliga a suspender las pruebas preoperativas de centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas, paso previo a su conexión con el SEN.
Además, también quedó sin aplicación la prohibición para que la Sener y la Cenace den de alta a nuevos operadores, con el argumento de que las pruebas operativas y las nuevas autorizaciones “no afectarán de manera considerable la suficiencia, calidad y continuidad en el suministro de dicho servicio”.
Por el contrario, sostiene el fallo, “no existe evidencia” de que la participación de las centrales eólicas y fotovoltaicas en el Sistema Eléctrico Nacional haya afectado el suministro de energía eléctrica ni el desarrollo sustentable del país.
Previamente, otro juez federal había suspendido el acuerdo publicado por Cenace el pasado 29 de abril con el que pretendía obligar a las centrales fotovoltaicas y eólicas a frenar sus pruebas preoperativas para integrarse al SEN, medida que afectó a 17 compañías de generación de energía eléctrica sustentable.
De acuerdo con Greenpeace, el amparo busca abrir un espacio de diálogo con las autoridades federales en materia energética, así como lograr que las determinaciones gubernamentales se apeguen a la legalidad.
En este marco, los abogados de la agrupación ambientalista consideraron que sí hay irregularidades en la entrega de concesiones y subastas para la generación de energías renovables, se deben de investigar y corregir, “incluyendo en su caso el castigo a los funcionarios públicos y personas privadas que hayan incurrido en presuntas violaciones administrativas o penales”.
De acuerdo con la suspensión, dictada por el impartidor de justicia, “deberán abstenerse de seguir los lineamiento que se establecieron en el Acuerdo y Política mencionados, que bloquean la implementación y desarrollo de energías renovables y obligan a los sectores productivos y al de servicios a depender de los combustibles fósiles” que ofrece la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
En su escrito de demanda, Greenpeace argumentó que la nueva política energética del Cenace y la Sener no cumple con el mandato constitucional de sustentabilidad, ni con el fomento de las energías renovables que permitan una disminución de las emisiones contaminantes en la industria eléctrica.
“Los acuerdos motivo de la demanda, además de haber sido emitidos en franca violación a los procedimientos jurídicos previstos para ello, son a todas luces medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático y con ello deja en entredicho la protección del medio ambiente y la salud de las personas”, concluyó la organización ambientalista.
