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viernes, diciembre 5, 2025

Sólo 2 municipios y 1 gobernador han presentado controversia constitucional por militarización

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En la presentación del informe de “Guardia Nacional, a un año de su puesta en operación”, participaron María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Alejandro Hope, analista de seguridad y Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia.

María Elena Morera declaró que al parecer la militarización continúa avanzando, pero sin haber establecido una estrategia para conseguir un avance en cuestión de seguridad, aunque al ejército no le corresponde ni están preparados para ello: “Se está promoviendo un marco de actuar militar deliberadamente ambiguo, discrecional y sin controles, contrario a lo establecido a la reforma constitucional. Razón por la cual celebramos que dos presidentes municipales, un gobernador y la presidenta de cámara de diputados hayan presentado controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“La Guardia Nacional es una pantomima mal camuflajeada. La Guardia Nacional es la sucursal del ejército en otra dependencia”, destacó Alejandro Hope, analista de seguridad. Declaró que el Gobierno Federal está burlando la ley al comisionar elementos de la Sedena y Semar a la Guardia Nacional que debería tener carácter civil según lo establecido en las reformas constitucionales provocando que carezca de solidez, “poniéndolo de otro modo, la siguiente administración podría borrar la Guardia Nacional en 24 horas, sin pasar por el Congreso, simplemente retirando los oficios de comisión, quedaría básicamente la Policía Federal”.

Lisa Sánchez subrayó que al no tener claro cómo funciona la transferencia de soldados de la Sedena a la Guardia Nacional, específicamente en términos de adscripción, en cadenas de mando y qué implicaciones tendrían para su propia certidumbre laboral. Esto es debido a que dentro de las reformas constitucionales que dieron pie a la Guardia Nacional, no se usaron términos adecuados que permitieran esclarecer la operación. Y señaló que “tampoco sabemos cuáles son las características de los convenios que se han estado firmando con las autoridades estatales, qué implicaciones tiene eso en términos presupuestales y operativos para el funcionamiento de las propias policías estatales y municipales, cómo se dan los mecanismos de coordinación o complementariedad”.

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