APRO/Mathieu Tourliere
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) aseguró que la “austeridad” en la administración pública, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afecta la supervisión de la entrega de recursos a través de los programas sociales, y el seguimiento a los beneficiarios.
En una serie de amplios informes sobre cada uno de los 17 “programas sociales prioritarios” del gobierno, publicados este lunes, el Coneval observó que esos programas arrancaron sus operaciones con “poca infraestructura física” y con “recursos humanos insuficientes”, y a lo largo del primer año de gobierno sufrieron recortes en el marco de la llamada “austeridad republicana”.
“Esta austeridad supuso también la necesidad de priorizar procesos de la implementación, como por ejemplo la entrega de apoyos, buscando llegar a la mayor cantidad de población con el menor costo posible; lo anterior generó que otros procesos fueran dejados de manera secundaria, como los relativos a la supervisión y el seguimiento a beneficiarios (…) los recortes presupuestales también pudieron afectar, en algunos casos, la calidad o cantidad de los bienes y los servicios otorgados”.
Este elemento resulta problemático, dado que los programas sociales son operados a menudo por los llamados Servidores de la Nación, bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, una dependencia adscrita a la Presidencia de la República y dirigida por Gabriel García Hernández, destacado operador político-electoral de López Obrador.
El problema, según el Coneval, reside en que si bien varias dependencias son responsables de los programas –las secretarías de Bienestar, de Educación Pública, de Agricultura o de Economía–, la estructura dirigida por García Hernández añade un escalón externo a la estructura administrativa, lo que le resta claridad a la operación general.
Durante el periodo de transición, los Servidores de la Nación realizaron, por ejemplo, el cuestionado “censo del bienestar” para identificar a los futuros receptores de los programas sociales; sin embargo, según el organismo autónomo, este censo tuvo fallas, lo que obligó a varias dependencias a “realizar ajustes” en el momento de determinar su población objetivo.
Aparte, el Coneval subrayó la falta de oficinas y de insumos para los técnicos y facilitadores de ciertos programas, como el de Sembrando Vidas; sin embargo, la Secretaría de Bienestar, encargada del programa, reviró que ello no es problema, dado que las labores administrativas “eran el modelo de los programas sociales neoliberales” y los “programas sociales de la Cuarta Transformación tienen muy claro que su trabajo importante está en los territorios, no en el escritorio”.
Es el mismo caso del programa Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, que arrancó sin siquiera contar con una institución formalmente conformada, y nació en “un contexto de austeridad y con dificultades administrativas para el ejercicio de los recursos”.
El organismo autónomo resaltó que los programas tuvieron “cambios sustantivos” durante su primer año de aplicación, ya sea en sus lineamientos, en su población objetivo o en sus presupuestos, y observó que a veces estos cambios tuvieron “poca claridad” o propiciaron “falta de certeza” respecto a los beneficiarios o a los programas.
Desde el arranque de su administración, López Obrador decretó cambios de fondo en la política social: ordenó que las ayudas se realicen mediante transferencias directas a los beneficiarios, y ello “sin intermediación de instituciones privadas o sociales”, que según él eran espacios para la corrupción y la creación de clientelas electorales.
Si bien este objetivo es loable, también tiene sus consecuencias negativas, pues en las zonas rurales hay poco acceso a cajeros automáticos, lo que obliga a los beneficiarios a gastar tiempo y recursos para sacar sus apoyos en efectivo.
Aparte, el Coneval estimó que de manera general el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que articula las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “no contiene metas para medir el acceso a los niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad en México”, y hasta el momento “aún no se ha publicado el Programa Sectorial de Bienestar”.
Por ejemplo, en Sembrando Vida, derivado de “dificultades que se presentaron en la implementación” del programa, la Secretaría de Bienestar decidió entregar “apoyos extraordinarios” que, según el Coneval, “bajaron informalmente” a través de los distintos niveles de la cadena operativa, por lo que advirtió una “posible discrecionalidad” en su gasto.
