I wanna see our bodies burning like the old big sun
I wanna know what we’ve been learning and learning from
Man on fire– Edward Sharpe and the Magnetic Zeros
La semana pasada, el presidente López Obrador tuvo una gira por los estados de Jalisco, Guanajuato, y Colima. Estas entidades padecen el denominador común de sufrir una de las fallas estructurales más graves del estado: la pérdida del monopolio de la fuerza pública que se representa no sólo en los asesinatos entre grupos criminales, sino en las tasas de secuestro, desapariciones forzadas, extorsión, cobro de piso, robo de combustibles, y –por supuesto- el narcotráfico.
En estos territorios, la violencia es un escenario atroz y cotidiano, por el poder que ya detenta o por el que compite el Cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera, alias el Mencho. Este cartel tiene dominio en amplias zonas del país, en las que la autoridad del estado se ha visto gravemente erosionada, pero confluye en su espiral de violencia alrededor de las zonas en las que mantiene pugna por el control territorial con el Cartel de Santa Rosa de Lima. Guanajuato ha sido una entidad que ha padecido violencias atroces e inéditas debido a esta pugna.
Si la gira del presidente tenía el fin propagandístico de marcar su poder legalmente constituido, y su representación como autoridad suprema de las fuerzas armadas del país, sobre todo por los territorios de Jalisco y Guanajuato, actualmente encendidos por la violencia criminal; la respuesta propagandística del Cartel Jalisco Nueva Generación fue no sólo contundente, sino amenazante. Se trata de un video que exhibe la capacidad de fuego que tiene sólo una sección del grupo criminal que, ahora sabemos, es conocida como Cuerpo Elite. Ahí aparecen decenas de vehículos intervenidos en su estructura y en su carrocería para otorgarles blindaje de guerra, rotulados y balizados como cualquier ejército regular; y un contingente compuesto de alrededor de un centenar de combatientes, uniformados y pertrechados con armas de grado militar.
Ya antes los grupos criminales nos habían dado muestra de la delgadez que tiene la línea entre crimen y terrorismo, al difundir y perpetrar asesinatos con fines de exterminio e intimidación entre los grupos antagónicos o dirigidos a las fuerzas policiacas, con los cierres de carreteras y vialidades usando vehículos incendiados, con los toques de queda impuestos por el narco, con las fosas clandestinas con cientos de cuerpos, o con los atroces videos de ejecuciones horribles; ahora, esta propaganda de poderío cuasi militar cae de lleno en el ámbito de la persuasión política, en el sentido amplio del término, como pugna, consecución, y ejercicio del poder. Y, aunque el destinatario del mensaje sea un grupo delincuencial antagónico, el gobierno federal y las instituciones encargadas de preservar el monopolio legítimo de la violencia pública deben acusar recibo del mensaje.
Esa vulgar exhibición de poder es alarmante, e ilustra los amplios marcos de operación que tienen este y otros grupos, así como las fallas operativas de los servicios de inteligencia del estado, que no previeron ni se dieron cuenta de señales básicas: ¿Cómo adquirir y mover a un convoy así por partes del territorio nacional? ¿cómo blindar y rotular tal cantidad de vehículos? ¿dónde maquilar uniformes y rótulos? ¿cómo se acopiaron el arsenal y los pertrechos militares para armar a ese ejército? ¿cómo se recluta, se entrena, y se adoctrina a un ejército clandestino? Habría que responder esto, para empezar.
Pero, lo más importante. El estado debe prever el uso y la orientación que una fuerza armada ilegal le va a dar a su capacidad de fuego. Hasta ahora, hablamos de un grupo criminal, pero la línea es muy delgada para llegar a hablar de un grupo ideológico que posee un ejército mejor armado que cualquier guerrilla. El país está en guerra civil, y la autoridad o no se da cuenta, o lo sabe y prefiere ignorarlo. Mientras tanto, los ciudadanos escuchamos el crujir de un estado desvencijado, cada vez que enterramos a nuestros muertos.
@_alan_santacruz
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