El próximo año se elegirán las once presidenciales municipales de Aguascalientes y el congreso local, por lo cual pronto comenzarán a destaparse los aspirantes a las distintas candidaturas, quienes deberán ofrecer propuestas concretas que permitan a la ciudadanía evaluar su voto con base en lo que realmente buscan aportar o hacer para su municipio o la entidad. En ese contexto, en muchas ciudades de América Latina, desde hace tiempo existen mecanismos como el presupuesto participativo que permiten a las personas incidir de mayor manera en las decisiones de inversión pública, una idea que podría ser interesante discutir, analizar y evaluar para Aguascalientes. Veamos.
El presupuesto participativo es un proceso mediante el cual la ciudadanía, en conjunto con las autoridades locales, deciden la asignación de un porcentaje o una cierta cantidad de recursos públicos a partir de la prioridades o necesidades de la población. Es decir, se trata de un proceso de consulta con la comunidad para decidir colectivamente qué obras o acciones podrían realizarse en el corto plazo a través del presupuesto participativo, incluyendo, por ejemplo, la creación o renovación de espacios públicos, la construcción o rehabilitación de centros comunitarios y bibliotecas públicas, la instalación de ciclovías, la ampliación de áreas peatonales, el mejoramiento de los mercados municipales, etcétera.
El proceso de implementación del presupuesto participativo suele ser relativamente distinto en cada caso, pero en términos generales, los gobiernos municipales aprueban un porcentaje anual del presupuesto que se destinará a procesos participativos, y, posteriormente, se delimitan las unidades geográficas en las que se realizarán dichos procesos para decidir colectivamente una inversión, por ejemplo, delegaciones, colonias, entre otras. En algunos casos, los procesos participativos se realizan de manera presencial, por ejemplo, mediante asambleas comunitarias o votaciones, mientras en otros se realizan de forma virtual, a través encuestas o votaciones en línea. Igualmente, en algunas ciudades la población tiene la posibilidad de elaborar propuestas concretas para someterse al proceso de presupuesto participativo, mientras en otras el gobierno local pone a votación una serie de propuestas recolectadas a través de consultas previas a la ciudadanía. Así, las personas de una delegación o una colonia, u otra unidad geográfica, pueden elegir colectivamente las obras o acciones que el gobierno municipal desarrollará con el presupuesto autorizado.
El presupuesto participativo se implementó por primera vez en 1988 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, como parte de una estrategia para reducir la desigualdad mediante la provisión de servicios básicos e infraestructura en zonas con mayor rezago. Consciente de las limitaciones presupuestarias de la ciudad, el gobierno local instauró el presupuesto participativo para dar a las personas la oportunidad de decidir sobre algunas inversiones públicas a realizarse en los 16 distritos en los que se dividió la ciudad. Con ello, el gobierno logró responder de mejor manera a distintas prioridades o necesidades de la población, y ganó legitimidad y credibilidad al involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. En la actualidad, el presupuesto participativo se implementa en ciudades tan diversas como Rosario, Argentina; Cambridge, Estados Unidos; o la Ciudad de México, en donde el presupuesto participativo corresponde al tres por ciento del presupuesto anual de cada alcaldía, y que puede disponerse para obras, servicios, equipamiento, etcétera, a través de un proceso gestionado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
El presupuesto participativo puede ser un mecanismo efectivo para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisión de algunas inversiones, lo que a su vez puede ayudar a evitar obras o acciones innecesarias; reducir la probabilidad de rechazo por parte de la población; facilitar una mayor apropiación por parte de la ciudadanía; y asegurar legitimidad a las acciones de gobierno. Es indispensable, desde luego, que este ejercicio se realice de manera seria y profesional, para asegurar que la población cuenta con suficiente información sobre el presupuesto asignado y el tipo de obras o acciones que podrían financiarse. Igualmente, es necesario que existan marcos normativos e institucionales sólidos para garantizar no sólo mayor transparencia en el proceso sino también para evitar que grupos de interés se apropien de los procesos participativos o que se utilicen para propósitos político-electorales. En Aguascalientes, ¿podría el presupuesto participativo ser un mecanismo viable y efectivo para decidir colectivamente el destino de algunas inversiones públicas?
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