- El relevo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene su origen en un informe elaborado en la Fiscalía General de la República que da cuenta de la urgencia de una mano dura en aduanas y puertos, ante la infiltración del crimen organizado
EMEEQUIS
Un informe clasificado de 26 páginas, elaborado por las áreas de inteligencia criminal de la Fiscalía General de la República, desató un ventarrón que movió posiciones dentro del Gobierno Federal, hasta empujar fuera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al ingeniero Javier Jiménez Espriú.
El documento, al que EMEEQUIS tuvo acceso, fue elaborado en septiembre del año pasado y exhibía la influencia que tienen dos cárteles de las drogas en aduanas y puertos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría infiltrado hasta casi tener el control absoluto de los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como las aduanas de Tuxpan, Veracruz y Cancún, Quintana Roo; mientras que el Cártel del Pacífico controlaría el puerto de Ensenada, Baja California, y las aduanas de Mazatlán, Sinaloa y La Paz, Baja California Sur.
El reporte también identifica con un color rojo –la señal de alerta máxima– las aduanas repartidas en la frontera con Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por esas puertas de entrada y salida de mercancía es que los cárteles obtienen todo lo necesario para doblegar a las autoridades con tal de manejar un negocio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estima en 40 mil millones de dólares anuales: por aduanas y puertos los criminales reciben precursores químicos que después convierten en drogas sintéticas, armas de alto calibre, dinero en efectivo, mercancía apócrifa y hasta animales y plantas en peligro de extinción para su venta en el mercado negro.
El informe alarmó hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entendió que si quería dar un golpe certero a los cárteles –sin recurrir a las balas– tenía que cerrarles esas puertas con candado.
Fiel a su estilo de poner sólo a personas de su más alta confianza en cargos clave, el presidente ordenó un cambio en el gabinete: el veracruzano Ricardo Ahued volvería al Senado de la República para dejar libre la titularidad de la Administración General de Aduanas a su incondicional Horacio Duarte.
“Horacio Duarte, que es un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de mayo pasado.
En su discurso de aceptación del nuevo cargo, Horacio Duarte –sin experiencia en temas aduaneros o portuarios, pero con un amplio currículum dentro de Morena– reconoció tácitamente que sus metas por cumplir estaban más relacionadas con el combate al crimen organizado que con indicadores económicos: “Estamos obligados a hacer una revisión integral y donde haya que limpiar lo vamos a hacer sin que nos tiemble la mano”.
Sin embargo, al poco tiempo quedó claro a la administración federal que cambiar a una sola persona en el gobierno sería insuficiente para acabar con los cárteles: cada movimiento que hacía el nuevo director parecía ser anticipado por el crimen organizado, gracias a su ejército de espías y vigilantes.
Y a principios de julio, la gravedad de la infiltración de los cárteles llegó a un nivel intolerable, cuando el equipo de inteligencia criminal del gobierno supo de una lista de 12 objetivos mortales del Cártel Jalisco Nueva Generación y, en ella, estaba el nombre de Horacio Duarte junto al del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, y el canciller Marcelo Ebrard, entre otros.
Aquella noticia agotó la paciencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el 17 de julio anunció en Manzanillo, Colima –feudo del Cártel Jalisco Nueva Generación– que la operación de puertos mercantes ya no estaría en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que lideraba Javier Jiménez Espriú, sino de las Fuerzas Armadas.
El anuncio sorprendió a capos y jefes de plaza, pero también a Javier Jiménez Espriú, quien desde el año pasado había advertido –y criticado– que el presidente Andrés Manuel López Obrador usara esa opción para limpiar la corrupción en aduanas y puertos. Desde entonces, el ingeniero había advertido que si los militares se metían en tareas estrictamente civiles, él se iría del gobierno con un mensaje claro y fuerte.
Y lo cumplió: ese mismo día redactó su renuncia con carácter irrevocable. No lo hizo argumentando “motivos personales” o de “salud”, sino expresando su abierta oposición al presidente en cinco párrafos. Cuando terminó, la envió a Palacio Nacional y con copia oculta a varios periodistas.
En el círculo cercano del ahora exsecretario Javier Jiménez Espriú cuentan que el ingeniero repitió una y otra vez, aquel 17 de julio, que darle semejante poder a los militares sólo era posible en países donde la democracia es la excepción y la tiranía la regla. Cada que podía insistía: “esto es como Corea del Norte”.
Seis días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador usó sus redes sociales para aparecer en un video junto a Javier Jiménez Espriú para agradecerle por sus servicios y anunció a su sustituto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Jorge Arganis Díaz Leal, quien a sus 77 años deberá colocarse en una bisagra entre el crimen organizado y las Fuerzas Armadas.
Los autores del informe clasificado de 26 páginas, que desató el vendaval de movimientos en el gobierno, temen que el nuevo secretario no tenga la fuerza para resistir los vientos huracanados de los cárteles o las presiones de la Secretaría de Marina.
Por ahora, le dan el beneficio de la duda, aunque en secreto se diga que Jorge Arganis Díaz Leal es una decisión que puede llevar al país a un mal puerto.
@emeequis
