APRO/Neldy San Martín
El dictamen de la Ley General de Salud Mental que se discutiría mañana en el periodo extraordinario del Senado fue retirado, luego que encendieran las alertas de organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que vulnera diversos artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ley, que fue bautizada como “ley Bañuelos”, debido a que Geovanna Bañuelos es una de las senadoras del PT que promovieron la iniciativa, fue aprobada en marzo pasado en las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda y se preveía su aval este miércoles en el pleno, sin embargo, fue retirada por la senadora tras reunirse con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.
“Hemos solicitado de manera formal al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que retire del periodo extraordinario la discusión de la Ley General de Salud Mental”, dijo la legisladora Bañuelos en un video que fue filmado en la oficina de la Jucopo, junto al senador Monreal.
Bañuelos informó que convocarán a un parlamento abierto en septiembre para discutir la propuesta con especialistas en el tema, personas usuarias y la sociedad civil.
El anuncio surge un día después de que la CNDH llamó al Senado a revisar el dictamen ya que vulneraría, de manera flagrante, los artículos: quinto sobre igualdad y no discriminación; el 12 sobre capacidad jurídica; 14 sobre libertad y seguridad de la persona; 17 de la integridad personal, y 25 sobre Salud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Lo anterior luego que la CNDH recogiera las preocupaciones de organizaciones civiles como la Organización Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (DRI, por sus siglas en inglés) y Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, sobre que de aprobarse esta ley el Estado mexicano desconocería la capacidad jurídica de las personas con discapacidad al permitir el internamiento involuntario de las personas en centros hospitalarios de salud mental.
Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de Documenta, explica que este tipo de regulaciones han sido vetadas por distintos organismos, como la Relatora de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que estableció que recluir a las personas con discapacidad por el hecho de que supongan “un peligro para sí mismas o para terceras” es una medida ilegal y arbitraria, o el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que ha dicho que los estados tienen la obligación de prohibir los internamientos forzados por la existencia de una discapacidad real o percibida: “Esta iniciativa habla de que se puede privar de la libertad a una persona por su condición, no se le estaría privando porque ha cometido un delito, lo cual nos afecta a toda la población, se le privaría porque se interpreta que es lo mejor para esa persona, se interpreta que es un peligro para sí misma o para terceras. Entonces es una detención ilegal y arbitraria”.
El defensor de derechos humanos señala que un internamiento involuntario suele ir aparejado de un tratamiento involuntario lo cual es una forma de tortura y malos tratos, según el relator especial sobre la tortura de la ONU: “Esta iniciativa establece que la persona tiene derecho a decidir sobre su tratamiento salvo que sean internada de forma involuntaria. Esto es una violación a sus derechos humanos porque todas las personas tienen derecho a decidir sobre su tratamiento”.
De acuerdo con Ferrer, la salud mental en México es sumamente deficiente y el problema comienza en la propia Ley General de Salud, que en el capítulo siete aborda el tema de la salud mental con un enfoque obsoleto que tiene que ser revisado.
