- Miroslava Breach fue asesinada de ocho impactos de bala en 2017 cuando salía de su casa, en Chihuahua, para llevar a su hijo a la escuela
- Se demostró que la investigación de Miroslava denunció públicamente la relación del grupo delictivo Los Salazares con políticos del estado, quienes les entregaron candidaturas a cargos de elección
A 3 años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, atacada afuera de su casa el 23 de marzo de 2017, el juicio para sancionar a uno de los responsables demostró que el crimen afectó a su familia pero las consecuencias se extendieron a todo el gremio periodístico de Chihuahua y a la sociedad que dejó de recibir información sobre la narco-política del estado.
Así lo expresó en entrevista la directora de Propuesta Cívica” Sara Mendiola, organización representante de la familia, y quien desde este martes 18 de agosto y hasta el viernes 21 participa en la audiencia que se desarrolla en el Centro de Justicia de la ciudad de Chihuahua para determinar la sanción a Juan Carlos Moreno Ochoa, alías el Larry, autor material del asesinato de la corresponsal del diario La Jornada.
Debido a la pandemia de Covid-19, el proceso por delito de homicidio se reanudó después de 5 meses desde que el pasado 18 de marzo se dictó sentencia condenatoria a Moreno Ochoa. Este martes 18 comenzó la audiencia en la que la defensa de la familia de Miroslava solicitó la pena máxima de 70 años de prisión. El miércoles y jueves se presentan los últimos testigos, entre ellos dos peritos en psicología, y el viernes el juez Nestor Pedraza Sotelo dictará la pena.
Esta sentencia será un precedente para los crímenes contra periodistas porque se litigó en instancias federales, fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía (FGR) y se comprobó que el asesinato estuvo ligado a la actividad periodística de la víctima. Por esa razón, expuso Sara Mendiola, se solicitó la pena máxima, para que sea una sentencia ejemplar, referente para casos que siguen impunes.
Miroslava Breach fue asesinada de ocho impactos de bala en 2017 cuando salía de su casa, en Chihuahua, para llevar a su hijo a la escuela. En el juicio oral se supo que el grupo delictivo Los Salazares ordenó matar a la periodista. Incluso, en el lugar del crimen dejaron una cartulina con amenazas. Además, se demostró que la investigación de Miroslava denunció públicamente la relación de este grupo criminal con políticos del estado, quienes les entregaron candidaturas a cargos de elección.
En la etapa final de este juicio, expuso la directora de Propuesta Cívica, los asesores legales de la familia y la Feadle presentaron los últimos testigos y peritos para robustecer y justificar la propuesta de otorgar la pena máxima de prisión; y este jueves la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presentará un plan de reparación del daño para las hermanas e hijos de la periodista.
Mendiola destacó que la afectación por este crimen fue hacia la familia pero también tuvo una repercusión en el gremio periodístico de la entidad. “A raíz del asesinato de Miroslava se acaba el periodismo crítico. Hay mucho temor dentro del periodismo y no tenemos voces que nos estén informando respecto de la narco-política que opera en ese estado y que no están informando de las violaciones graves a Derechos Humanos en la sierra de Chihuahua”, temas que investigaba la reportera.
La defensora de la libertad de expresión aseguró que desde que inició este juicio Propuesta Cívica pidió que el caso fuera juzgado con perspectiva de género y de libertad de expresión. Así se logró la sentencia condenatoria en marzo pasado, porque se comprobó la plena responsabilidad del acusado y se acreditaron las agravantes: que el crimen fue contra una mujer, y una periodista y que se cometió con alevosía, ventaja y premeditación.
Queda pendiente conocer los años que Juan Carlos Moreno Ochoa deberá pasar en prisión. Sin embargo, la defensora aclaró que con esta sentencia no se cierra la investigación debido a que hay una orden de aprehensión contra otro de los responsables y coautor material, Jaziel N. También falta investigar a los autores intelectuales y la participación de políticos involucrados, cuyos nombres salieron a la luz durante el juicio oral.
Otro crimen contra una mujer periodista que llegó a un proceso penal fue el asesinato, en abril de 2012, de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en el estado de Veracruz. Sin embargo, la sentencia para una persona involucrada fue impugnada luego de que alegó tortura. Este caso se litigó en el fuero local, las autoridades insistieron en que se trató de un robo que no estaba ligado a la actividad periodística y a 8 años del asesinato, aún no están identificados los autores intelectuales.
Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
