APRO/Beatriz Pereyra
A la espera de un fallo del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), que resolverá si es válida o no la suspensión que el 5 de febrero último la Federación Internacional de Basquetbol (Fiba) impuso a la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), el baloncesto mexicano pende de un hilo.
La presidenta de la Ademeba, Xóchitl Lagarda Burton, desafió al organismo rector del baloncesto mundial y lo acusó de tener intereses muy fuertes para controlar este deporte en México, de tal suerte que protege a directivos mexicanos, algunos de los cuales fueron sancionados por ella:
“No se puede permanecer impasible ante una suspensión injusta ni callar ante una decisión sin fundamento. Es una intromisión en la autonomía y la vida interna de una federación. Quieren ver a la Ademeba en la sumisión. Las decisiones las debemos tomar nosotros. Pensaron que por mi condición de mujer y persona independiente de la industria del basquetbol iban a hacer lo que quisieran, que por ser los representantes de la Fiba en México (se refiere a Modesto Robledo, uno de los sancionados) tienen licencia para seguir haciendo y deshaciendo en beneficio personal”, declaró Lagarda en conferencia de prensa el lunes 17.
La Fiba suspendió a la Ademeba porque acusa a Lagarda de haber modificado los estatutos de forma unilateral –sin autorización de Fiba ni de la asamblea– con el propósito de otorgarse a sí misma mayores facultades, así como “la capacidad ilimitada de suspender a un miembro de una asociación y reducir el número de votos necesarios por debajo de la mayoría simple para eliminar a los miembros del consejo directivo”.
Lagarda alega que las mencionadas modificaciones fueron hechas en la asamblea del 23 de marzo de 2019 –en la cual ella misma fue electa presidenta hasta terminar el ciclo olímpico de Tokyo 2020– con el consenso de todos los presentes. Agrega que la Fiba está siendo desinformada por Robledo con la ayuda del español José Luis Sáez, representante de la Fiba en México, con la finalidad de quitarla del cargo para que ellos se apoderen nuevamente del basquetbol mexicano, donde han hecho un negocio particular prácticamente desde que nació la Ademeba, en 2008.
De acuerdo con lo que Lagarda ha informado a la Fiba, cuando tomó las riendas de la Ademeba encontró un organismo en bancarrota, con deudas millonarias, desorganizado administrativamente y con marcados rasgos de división entre los miembros.
Sobre esto informó en mayo de 2019 a Horacio Muratore, entonces presidente de la Fiba, y a Sáez, quien desde 2016 fue nombrado por la federación internacional como responsable en México para reordenar ese deporte, pese a que fue expulsado del baloncesto español por malos manejos.
Lagarda también avisó a la Fiba que en los archivos de la Ademeba no encontró actas de asambleas ni de sesiones del consejo directivo, estados financieros, ni un informe relativo al trabajo que realizó el Task Force México (Fiba, Ademeba, Comité Olímpico Mexicano y Conade) durante los tres años que operó para reorganizar ese deporte: de marzo de 2016 a marzo de 2019.
A pesar de que solicitó esa documentación al expresidente de la Ademeba, Gilberto Hernández Oseguera, y a Sáez, aseguró que ninguno le entregó nada.
Lagarda se convirtió en la presidenta de la Ademeba el 23 de marzo de 2019 en una asamblea realizada en la Ciudad de México a la cual también asistió la directora de la Conade, Ana Guevara. Ambas son sonorenses.
Lagarda fue elegida supuestamente porque como empresaria tiene relaciones con la iniciativa privada y porque al ser externa al baloncesto no tiene compromisos con los grupos de interés.
Así, en una asamblea donde previamente se cabildeó para que los asociados la votaran de forma unánime, fue elegida en sustitución de Hernández Oseguera (abogado del deporte, cercano colaborador del exdirector de la Conade Jesús Mena y luego de Alfredo Castillo), quien de facto se apoderó de la presidencia de la Ademeba en diciembre de 2016 a pesar de que la asamblea había elegido al empresario regiomontano Carlos Bremer.
Antes de la asamblea del 23 de marzo de 2019, el 20 de marzo, el gerente general de la Ademeba, José Reyes Ronfini, envió por correo electrónico a las 32 asociaciones y tres instituciones afiliadas (IPN, UNAM e IMSS) los estatutos que habían sido preaprobados por la Fiba para que los presidentes los revisaran e hicieran algún comentario antes de que los votaran en la mencionada asamblea.
Una vez aprobados dichos estatutos, se designó a dos personas como delegados especiales para que cualquiera se hiciera cargo de protocolizar el acta de la asamblea y los estatutos ante un notario de su elección: Raúl Arturo Amador Casillas y Giorgio Simone Tarrab Poli. Fue Casillas quien así lo hizo el 8 de junio de 2019 en la notaría 11 de Hermosillo.
Pero los estatutos que Casillas llevó a la notaría contienen 32 modificaciones a varios de los 106 artículos. Los ajustes más importantes se hicieron en dos transitorios que se añadieron al final del documento:
El primero de ellos dice: “Por esta única ocasión el presidente de la federación continuará ejerciendo su cargo al concluir el próximo ciclo olímpico, de tal manera que su nombramiento continuará teniendo vigencia y se entenderá prorrogado hasta concluir el ciclo olímpico de 2024”.
El segundo transitorio establece: “También por esta única ocasión el presidente quedará facultado para designar al titular de la secretaría general y demás miembros del consejo directivo que no sean designados en la asamblea general extraordinaria del 23 de marzo de 2019, concediéndosele un plazo de un año contado a partir de que sean aprobados los presentes estatutos sociales para que lleve a cabo esas designaciones o nombramientos”.
Este es el meollo del conflicto que llevó a la Fiba a suspender a la Ademeba. Mientras Lagarda insiste en que esos transitorios fueron avalados por quienes asistieron a la asamblea, la federación internacional le replica que ninguno de sus enviados (Sáez y el presidente de Fiba Américas, Carlos Alves) le informó sobre esos cambios.
Los dirigentes de las 20 asociaciones que no son afines a Lagarda temen que, aun si el TAS le da la razón a ella, la Fiba encuentre argumentos para imponer una sanción de entre cuatro y seis años a la Ademeba, lo cual impediría que las selecciones nacionales varoniles y femeniles participen en cualquier competencia avalada por el organismo mundial.
