- Además de la escasez, señala que los defensores públicos no están ganando lo que deberían, se les quitó apoyo de combustible y no cuentan con vehículos para trasladarse
- “Prácticamente la asesoría que se brinda ha caído en una mera simulación”, denuncia trabajador del Iadpea
Actualmente existe un déficit de 14 defensores públicos en materia penal del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes (Iadpea); este escenario pone en “riesgo de colapsar” a la dependencia por la falta de calidad en su servicio, además de que viola el derecho constitucional de esta obligación del estado con la sociedad, según denunció un trabajador de ahí en condición de anonimato.
La misión del Iadpea es brindar asesoría y representación jurídica gratuita en materia penal –también en civil, familiar y mercantil, pero antes debe de someterse a un estudio socio económico– a cualquier persona que así lo requiera o que no cuente con un abogado particular. Sus labores pueden ir desde la etapa de averiguación, pueden presentar apelaciones e incluso interponer amparos. De ahí la idea de ser un “defensor público”.
Si bien esta figura se hizo con el propósito de beneficiar a quienes no tienen representantes en sus querellas, actualmente el Iadpea no cuenta con el personal suficiente para dar un servicio adecuado, pues de las 37 plazas que se tenían para el 2017, hoy en día sólo 23 están ocupadas, es decir, hacen falta 14 abogados que puedan ayudar a brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.
“La plantilla de defensoría era de 37 personas aproximadamente, la cual era una cantidad de defensores apropiada, para cubrir todo el Estado (…) Desde entonces a la fecha se han ido yendo algunos defensores públicos por convicción y crecimiento profesional, por lo que a la fecha solo hay 23 defensores y las plazas de las personas que se han ido no se han cubierto” declaró el trabajador interno que prefirió guardar su nombre.
Este déficit se derivó en la “calidad de servicio que se brinda, pues prácticamente la asesoría que se brinda ha caído en una mera simulación”, ya que no es posible darle seguimiento a todos los casos acumulados para que puedan tener una resolución justa que se emane de su derecho a la debida defensa.
Lo que actualmente se vive en esa dependencia “pone en una situación deplorable al trabajo profesional de los defensores públicos pues, prácticamente, no pueden dar una debida defensa, lo cual es un derecho consagrado en la Constitución, y todo por no resarcir las plazas que faltan”. La existencia de defensores públicos debe de estar garantizada por el estado en pro de la justicia a los ciudadanos que no puedan contratar un servicio particular de abogacía.
El artículo 20 de la Constitución, en su apartado B fracción VIII, establece que entre los derechos de la persona imputada está tener “derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.
El denunciante comparó la escasez de defensores públicos con la escasez que se da en los hospitales, lo que viola los derechos humanos de la sociedad con respecto a la accesibilidad de estos servicios: “Es como si en un hospital no hubiera médicos, ni enfermeros”.
Además de la falta de personal, subrayó que los defensores públicos deberían de cobrar lo mismo que un ministerio público, sin embargo, eso no sucede porque “se lavan las manos quienes están encargados del tema dicen que sin prestaciones el sueldo es igual, aun así no se cumple con lo mandatado por la Constitución, pues lo que ahí se establece, es que debemos ganar lo mismo, lo que implica también las prestaciones”.
A finales del 2019 el ex procurador Jaime Díaz Esparza estuvo como director del Iadpea; el trabajador anónimo de dicha dependencia acusó de incompetente e ignorante al ahora exdirector por inmiscuir a la defensoría en acciones de propaganda para el gobierno estatal.
Actualmente la defensoría se encuentra envuelta en un “verdadero caos”, no hay organización, se quitaron los apoyos para combustible, los vehículos con que contaban se retiraron de servicio por arcaicos, y está apunto de estrenar oficinas en las instalaciones de Ciudad Justicia, “pero son tan pocos defensores que las oficinas se llenarán con otros entes gubernamentales”. Los trabajadores siguen en espera de que se completen las plazas.
