- Anomalías en cifras reflejan ausencia de denuncias o que las instituciones las manipulan
- Además de la grave crisis de inseguridad en el país hay un serio problema de subregistro
Además de la grave crisis de inseguridad en el país, hay un serio problema de subregistro en los delitos, alerta Causa en Común, al señalar que autoridades estatales no registran los delitos adecuadamente, y manipulan u ocultan las cifras reales, ante la indolencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La organización detectó graves anomalías en las cifras de delitos reportados, entre diciembre de 2018 y agosto de 2020; en particular, en los rubros de homicidio, feminicidio, extorsión, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo con violencia y violencia familiar.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, declaró que “probablemente no haya dolo en todos los casos, pues algunas anomalías pueden ser producto de ineptitud o simplemente ser atípicas”, aunque el análisis constante que realizó y otras organizaciones sociales sobre la incidencia delictiva a lo largo de los años, permite señalar que los datos que ofrecen los diferentes gobiernos no obedecen a tendencias lógicas y es tal el cúmulo de datos anómalos, que es difícil no concluir que, a la “cifra negra” por falta de denuncia, se suma también una “mano negra”.
Expuso que los ciudadanos no acuden con las autoridades a presentar denuncias porque no confían en ellas, porque piensan, correctamente, que se trata de trámites largos y engorrosos; porque saben que las policías y los fiscales y los jueces serán probablemente incapaces de atrapar al ladrón, de identificar al asesino, o de sentenciar a secuestradores, y porque “se suma la tentativa creciente de actores políticos para encubrir, al menos formalmente, la realidad en materia de seguridad y estos dos factores tendrán el efecto de acrecentar este divorcio entre ciudadanía y gobierno”.
María Salguero, creadora del Mapa Nacional de feminicidios, señaló que “muchas tentativas de feminicidio se clasifican en lesiones o violencia familiar y esto es otra forma de bajar las cifras de violencia hacia las mujeres. En el caso de feminicidio, si lo comete alguien que no es la pareja, como el crimen organizado u otra persona, así tenga huellas de violencia sexual o presente signos de tortura, es clasificado como homicidio calificado”. Señaló que, “desgraciadamente el Secretariado no mide el delito del feminicidio igual porque se tipifica diferente en todos los estados y ese es uno de los grandes retos, que esté homologado el delito a nivel nacional”.
Por su parte, José Antonio Caballero, profesor en el CIDE, expuso que “la construcción de las carpetas de investigación no refleja toda la realidad; no obstante que representan la línea de contabilidad estable que podríamos tener, pero su construcción es lo más problemático”. Además, expuso que las dificultades para poder denunciar y la profunda desconfianza que hay en las procuradurías, hacen muy difícil que los ciudadanos se sientan cómodos para hacerlo. “Hay 33 sistemas de justicia penal en el país que trabajan de manera muy desigual; sin embargo, un estudio como el que presenta Causa en Común nos permite individualizar y tratar de encontrar cuáles son los alcances específicos de cada una de ellas”.
María Elena Morera consideró que, con más denuncia y con un mayor profesionalismo institucional, incluyendo el registro delictivo, será posible retratar de manera más fidedigna la realidad que debemos entender para poder atender. “Sólo viendo con claridad la realidad, y entendiendo ciertos temas como asuntos de Estado, más allá de partidos y elecciones, es que podremos vislumbrar los escenarios de seguridad y justicia que tanto le urgen a México”.
Entre los ejemplos de las anomalías se encuentran que algunas entidades reportan un número muy reducido de registros de delitos en el periodo, como en los casos de Baja California Sur y Tlaxcala sólo reportaron cuatro feminicidios. Llama la atención esta cantidad baja de registros porque en el caso del primer estado, de enero de 2015 a septiembre de 2019 no ha reportado feminicidios, mientras que Tlaxcala tampoco lo hizo de 2015 a 2017.
Michoacán sólo presentó 15 registros de extorsión y Tlaxcala, tres, Nayarit, de abril de 2019 a abril de 2020, no reportó extorsiones. Sin embargo, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) indican que, en 2018, se registraron 193,923 extorsiones en Michoacán, 103,061 en Tlaxcala y 44,197 en Nayarit, por lo que están fuera de lógica estos registros reportados este año.
Yucatán y Colima no informaron de ningún robo de vehículo con violencia. En este caso llama la atención que Colima no marcara registros en este delito, pero que presente un alto número y tasa de reportes de otros delitos (441 registros de asesinatos en 2020, con una tasa proyectada de 94.4 por cada 100 mil habitantes, así como 2,859 reportes por violencia familiar, con una tasa de 552.9). Además, son comunes los reportes de prensa que informan sobre este delito.
Estados del país manifiestan reducciones de más del 50% en el total de ciertos delitos en los primeros ocho meses de 2019 y el mismo periodo de 2020, lo que está fuera de toda lógica según el comportamiento delictivo a nivel nacional. Por ejemplo, Colima “redujo” 80% el robo con violencia (306 casos menos).
Algunas entidades presentaron el mismo número de registros de delitos en meses consecutivos, o en el mismo mes de diferentes años o periodos: Morelos presentó 10 registros de secuestro cada mes durante tres meses consecutivos. Otra anomalía es que el SESNSP reportó una cifra de asesinatos, de diciembre de 2018 a agosto de 2020, 24% mayor a la que ha difundido el gabinete de seguridad. El análisis completo puede ser consultado en: http://causaencomun.org.mx/beta
