La amenaza de romper con el Pacto Federal de 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista es el resultado de la falta de oficio y voluntad política del presidente que siente que ganar las elecciones, le permite hacer y deshacer a su gusto sobre cualquier cosa; pasar por encima de la ley o modificarla a placer, faltarle el respeto a cualquier persona que no le aplauda, aventarle el peso de las instituciones a quienes denomina adversarios, destruir todos los emblemas del pasado como la reforma energética, la reforma educativa, el aeropuerto de Texcoco, los fideicomisos, las inversiones de una cervecera en Baja California o las que se han realizado en proyectos energéticos como ductos de gas, parques eólicos o solares y advierte, convencido por Nahle y Bartlett, que el Estado debe ser autónomo y no depender de ninguna empresa, como si los recursos presupuestales fueran infinitos.
Los 10 gobernadores ya lo dijeron claro y no me cabe la menor duda de que no están emitiendo una amenaza hueca: o para los abusos de poder y comienza a respetar a los gobernadores, es decir, a los estados y a sus ciudadanos, o rompen con la Federación. Así de grave es que un presidente, cualquiera que sea, decida pelear con todos los actores de la vida pública nacional e internacional que se atrevan a contradecirlo, a opinar diferente, a cuestionar sus decisiones, a informar con veracidad o a cumplir con su electorado. Al más puro estilo autoritario del viejo régimen que suele criticar, López Obrador igual provoca en la misma semana un enfrentamiento con los inversionistas del sector energético que con los legisladores de Estados Unidos que con los gobernadores, tiene para todos.
Está muy bien esa actitud presidencial para mantener su popularidad, para provocar a sus bases que poco o nada saben de economía, que no tienen ni idea de lo que significa el Pacto Federal, que ni siquiera advierten los peligros para ellos y sus familias de una actitud presidencial que ahuyenta la inversión, lo que significa que nuestra nación se parta en dos, no sólo en las discusiones de café o en las redes sociales, sino en los hechos jurídicos y políticos.
Increíble como un personaje que ha vivido de la política durante décadas no pueda comprender que el ejercicio de la Presidencia de la República le exige quitarse las ataduras ideológicas y las fobias personales. México requiere un dirigente que por la vía de la política sume en torno a él todas las piezas de la maquinaria que mueve al país. El pragmatismo debe enfocarlo a buscar lo que más convenga a la nación en su conjunto, no a su necesidad de sostenerse en el poder.
Por eso es que al revisar las encuestas, su persona se mantiene en un aceptable porcentaje de popularidad, pero la evaluación de su gobierno es negativa. Por eso es que Morena puede aparecer favorito en las encuestas y luego llevarse un baño de realidad con los resultados electorales adversos en Coahuila y en Hidalgo.
López Obrador es un candidato, no un presidente. Piensa que todo lo puede porque siente la necesidad de demostrarse a sí mismo que es la encarnación de un ser iluminado, que las cosas se pueden hacer solamente porque él así lo instruye a sus subordinados que a todo le dicen que sí. Pero los problemas le seguirán estallando cada vez con más frecuencia y con menos paciencia de la gente que esperanzada en un cambio radical y una promesa de honestidad espera resultados.
Los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán y Tamaulipas son gobernantes electos de estados libres y soberanos, integrados a la República por decisión propia, sin embargo, pueden separarse en caso de que no les resulte conveniente continuar perteneciendo a esa Federación.
La exigencia de los gobernadores a López Obrador es que los tome en cuenta en la elaboración del presupuesto federal de 2021 que reduce los recursos que la Federación regresa a las entidades federativas, que les informe en qué va a utilizar los 68 mil millones de pesos extraordinarios que obtendrá por la extinción de 109 fideicomisos que tenían un uso acordado por el Congreso en el que están representados los estados y ahora ese solamente el presidente podrá decidir qué hacer. El temor fundado es que lo utilice para regalar ese dinero a efecto de mantener su popularidad. Tienen razón, finalmente los impuestos que los ciudadanos pagan al gobierno federal son causados por actividades en su lugares de origen, dichas actividades son alentadas o frenadas en buena medida por las buenas o malas políticas públicas en los estados y municipios del país. Por eso nos debe importar a todos cómo se integra el Presupuesto de Egresos de la Federación, qué se gasta y cómo se gasta el dinero que producimos todos los mexicanos.
Al romper con el Pacto Federal, los gobernadores de la Alianza Federalista podrían constituir una nueva Federación independiente del resto de los estados, desconocer al presidente, a los poderes de la Unión, a la Constitución y en resumen fundar un nuevo país.
Suena increíble, pero es real, es posible y es legal. El peligro está ahí, si el presidente de la República no comienza a actuar como tal y deja de continuar partiendo a México en dos, los que le aplauden y los que no.
