- No se respeta el interés superior del menor
- Subdelegado de la dependencia comete actos de nepotismo
Padres de familia usuarios de las guarderías subrogadas del Issste presentan amparo para protegerse de varias irregularidades que ocurren en las mismas, entre ellas señalan que no se respeta el interés superior del menor y que se incurre en el delito de nepotismo por parte del subdelegado del Issste, Hugo Casillas.
Hace unos meses padres y madres de familia ya habían expresado su inconformidad respecto al servicio de estas guarderías, descubrieron varias irregularidades, entre ellas que las licitaciones fueron destinadas a estancias infantiles propiedad de familiares (tío y primos) del actual subdelegado del Issste, Hugo Casillas. Además, encontraron que el Issste adjudicó presupuestos para estas guarderías para 140 niños y niñas, a pesar de que su capacidad es para un menor número.
Los padres de familia decidieron promover un amparo colectivo, con el cual pretenden que se verifique desde el Poder Judicial todas las anomalías señaladas, entre otras más.
Así lo expuso el abogado Uriel Gallegos, quien explicó que se violenta el interés superior del menor respecto a que a pesar de que en estos centros de atención se imparte educación inicial para los pequeños, los contratos son bianuales lo que obliga a que los niños cambien de entorno de manera brusca y los obligan a incorporarse a una nueva guardería, al perjudicar así el sentido de pertenencia y de todo su entorno social, lo que provoca perjuicios sicológicos.
Observó que el pasado septiembre varios padres se manifestaron contra las medidas arbitrarias que se tomaron al cambiar a los niños a guarderías distintas sin respetar los criterios de cercanía en los trabajos o los hogares de los usuarios; esto fue el origen de que se decidieran a realizar una acción legal.
Ahora la exigencia es que cuando se otorguen esta clase de licitaciones se cuide esta situación de contratos para solo dos años y en todo caso haya una participación de padres y madres de familia para que puedan elegir continuar o no en el mismo plantel, ya que las decisiones se toman sólo bajo criterios de interés económico, pues incluso algunas guarderías beneficiadas no cuentan con los espacios óptimos ni cumplen con las exigencias de Protección Civil.
Expuso que a través del amparo existe la obligación para el juzgador que cuando se advierta algún delito deberá dar vista al Ministerio Público e iniciar de oficio la carpeta de investigación y verificar todas las anomalías: “Se hace por medio del amparo porque para los padres de familia no existe algún medio legal con el cual puedan impugnar el resultado de una licitación, pero a través de la figura conocida como ‘interés legítimo’ es posible hacerlo, aunque no sean licitantes para la adjudicación para nuevos Cendis (centros de desarrollo infantil)”.
El amparo lo promovieron una veintena de padres de familia el pasado agosto, bajo el número de expediente 493/2020, interpuesto en el juzgado cuarto de distrito. El caso es representado por el abogado César Eduardo Lara Díaz de León, compañero de despacho de Uriel Gallegos.
