- Generalmente la judicialización de actos de discriminación es la manera en la que se logra avanzar en temas pendientes para las minorías
- Código Penal de Aguascalientes protege a quienes sean discriminados, se debe combatir discursos que inciten al odio y la violencia
Sentencia a funcionaria de Chihuahua marcará un antes y después de cómo se castigan discursos homofóbicos y de odio. Generalmente, llegar a una judicialización es la manera en que se garantizan los derechos de la comunidad LGBT. En Aguascalientes, el código penal de la entidad protege a quienes sean discriminados, pero es difícil judicializar un discurso que es hecho a discrecionalidad.
En el municipio de Chihuahua, la regidora Catalina Bustillos podría recibir una sentencia por emitir un discurso homofóbico a través de sus redes sociales en donde aseguró que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT sufren de una pérdida de identidad y que esos términos no deberían de existir.
Aunque en dicho estado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió una recomendación para que la funcionaria diera una disculpa, ésta no lo hizo pues aseguró que el organismo no respetaba su libertad de expresión.
Por ello, activistas de la entidad, representados por el abogado Jonathan López, decidieron interponer una demanda de amparo indirecto para que la funcionaria tenga una sanción puesta por autoridades federales.
Según externó el abogado para el portal Homosensual, puede haber consecuencias que van desde una multa, resarcimiento del daño de forma económica, una disculpa pública e incluso, si no cumple, podría llegar a prisión.
Desde Aguascalientes, el vicecoordinador del Colectivo SerGay en Aguascalientes, Manuel Alejandro Gutiérrez Flores, resaltó que este proceso es una oportunidad para la comunidad para que se tenga un castigo real hacia estos discursos homofóbicos y que destruyen la dignidad de las personas.
Recordó que la corte ya se ha pronunciado acerca de la libertad de expresión señalando que los límites están cuando se incita al odio. Si se llega a una sentencia a favor de la comunidad LGBT de Chihuahua se sentaría un precedente para la regulación de estos discursos que fomentan el odio y la discriminación y que los funcionarios midan la gravedad de sus discursos.
Si en Aguascalientes se pusiera una denuncia de este tipo, el código penal de la entidad es quien protege a las víctimas de discriminación. En su artículo 192 define la discriminación a quien provoque o incite al odio o la violencia; o niegue y restringa derechos laborales por edad, sexo, orientación sexual, entre otras. A quien discrimine se le aplicará una pena de seis a dos años de prisión, de 15 a 50 días de multa y la reparación de daños.
Con respecto al papel que han jugado las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en las entidades, el representante del Colectivo aceptó que dichos organismos no dejan de ser “un llamado a misa y una conciliación”. Destacó que muchas veces no tienen mucha fuerza una recomendación de estas comisiones, ni siquiera la nacional. Por lo tanto, llevar a lo judicial es parte de la labor de los defensores de los derechos humanos: “Lo hemos visto en temas de matrimonio, en temas de personas trans, hemos visto que hasta que se lleva a la judicialización es cuando empiezan a prosperar estos temas. Entonces, sí creemos que las demandas judiciales, las demandas penales, los amparos indirectos es la única forma en la que verdaderamente se van a mover las agendas”.
Si bien celebró el proceso que está llevando la regidora chihuahuense, aceptó que estos procesos son difíciles de llevar pues son necesarios elementos comprobables. En Aguascalientes resaltó que existe un velo de discrecionalidad y que no se ha visto un discurso tan explícito como el que llevó la funcionaria en cuestión: “La judicialización no se puede llevar a cabo únicamente con el subtexto, debe de ser algo comprobable, algo explícito, es un tema complicado. Este caso está prosperando porque se tienen todos los elementos, no porque sea el único discurso”.
-¿Crees que esto que está ocurriendo en Chihuahua tenga un impacto para Aguascalientes y el país?
-“Afortunadamente todo lo que sucede en el país tiene un impacto en otras esferas de la política. Ya lo vimos acá en Aguascalientes hace como veinte años cuando el entonces presidente municipal, que era Luis Armando Reynoso, se tuvo que disculpar públicamente por el letrero de ‘no se permite la entrada de perros y homosexuales’ en el balneario Ojocaliente. Hemos visto diferentes espacios en donde esto puede trascender, pensando ahora que esta sentencia marcará un antes y un después de cómo se castigan los discursos homofóbicos y discursos de odio”, respondió el activista.
También cabe resaltar la declaración que hizo el abogado Jonathan López para el portal antes mencionado: “Como comunidad, tenemos que ser más unidos y más conscientes de nuestra realidad. Un discurso emitido en Chihuahua, Yucatán, Nayarit, Zacatecas o cualquier parte del país va a repercutir de la misma manera en otras entidades. Se puede reproducir de forma viral y llegar a gente afín a esos ideales que pueden ocasionar problemas más severos”.
