La Constitución federal en su artículo 4, establece el derecho humano a la igualdad entre el hombre y la mujer, el cual ha transitado a través de precedentes jurisdiccionales convertidos en norma, que han permitido la transición de la igualdad formal a la sustantiva.
Esto nos ha llevado a la conclusión de que no basta con la sola expedición de normas jurídicas encaminadas a establecer la igualdad entre hombres y mujeres, sino que ha sido necesario que tales preceptos se vean reflejados en la realidad material, lo cual se ha conseguido con la implementación de otras medidas que hagan eficaces las normas jurídicas.
En esa línea, el seis de noviembre, el Instituto Estatal Electoral emitió el acuerdo CG-A-36/2020, en el que se aprobaron las reglas para garantizar la paridad de género en el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021.
En este acuerdo se prevé, que los partidos políticos deben postular fórmulas del género femenino, en los primeros lugares de las listas, esto si en el Proceso Electoral anterior, postularon fórmulas del género masculino en esas posiciones, y así continúan alterándose proceso tras proceso.
Inconforme con lo anterior, el Partido Verde, impugnó tales medidas, al considerar que se transgredía el principio de certeza, puesto que no se encontraban en ley esas medidas y era facultad exclusiva del Congreso del Estado emitirlas a través de normas, así como que estas reglas violentan la libre autodeterminación de los partidos políticos, de elegir según su voluntad, a las personas que integraran sus listas de representación proporcional.
Como consecuencia de lo anterior, el diecisiete de noviembre, el Tribunal Electoral de Aguascalientes, emitió sentencia en la que confirmó esta disposición emitida por el Instituto Electoral, dado que consideró efectivas, legales y necesarias tales reglas.
Salta a la vista, que los cuatro procesos anteriores de renovación de la legislatura local, de 64 postulaciones por representación proporcional, quienes han encabezado las listas han sido 63 hombres y una sola mujer, es decir (1.56%).
Por ello, las reglas implementadas por el Instituto y validadas por el Tribunal, elevan sustancialmente las posibilidades de las mujeres de acceder a cargos públicos, lo que abona a la igualdad material, siendo la medida menos gravosa con los principios intervenidos, ya que no vacía de contenido la facultad de los partidos políticos de configurar sus listas y fórmulas de acuerdo a sus estatutos.
Esto es así, porque son los propios partidos políticos los que en su facultad de autodeterminación y autoorganización definen a la candidata que ocupará el primer lugar de la lista.
Con lo anterior, indudablemente se evoluciona hacia una concepción material, partiendo de la existencia de una desproporción entre el número de mujeres y hombres que acceden a los puestos más importantes por la vía de la representación proporcional (plurinominales), a partir de lo cual, el mandato de paridad se convierte en un mecanismo que constituye una guía de impulso hacia el logro de la finalidad constitucional de igualdad, ya que mientras ésta no se alcance, las autoridades deben seguir explorando las posibilidades de aplicación del mandato de paridad.
Esto es así porque en el caso de Aguascalientes, las reformas implementadas por el Legislativo, han resultado insuficientes para alcanzar la paridad, particularmente en la designación de mujeres en las listas de representación proporcional.
Las medidas afirmativas serán necesarias, hasta que la voluntad de los partidos y actores políticos se modifique, permitiendo igualdad de oportunidades sin la necesidad de una medida coercitiva para hacerlo. Basta con observar las cifras de los procesos anteriores, con una sola mujer encabezando una lista de representación de 64 posibles.
Por ello, indudablemente lo que sigue, será la observancia de la paridad dentro de los partidos, ¿Cuántas presidentas de partidos locales existen actualmente en Aguascalientes?
