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viernes, diciembre 5, 2025

Propone Segob a dos defensoras de Derechos Humanos para dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

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  • La persona titular de la CEAV será elegida por el voto de las dos terceras partes del Senado Quien llegue al cargo deberá dirigir al organismo que coordina y formula políticas públicas para la atención y protección de las víctimas

 

Este 9 de diciembre la Secretaría de Gobernación (Segob) envío al Senado las propuestas para elegir a la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), luego de que hace ya casi 6 meses, Mara Gómez renunció. La terna está compuesta por Martha Yuridia Rodríguez Estrada, Claudia Lilia Cruz Santiago y Luis Fernando Rosas Ramírez.

Por ley, la persona titular de la CEAV será elegida por el voto de las dos terceras partes del Senado. Quien llegue al cargo deberá dirigir al organismo que coordina y formula políticas públicas para la atención y protección de las víctimas, tareas que realizará en medio de la pandemia por covid-19 y con los ajustes presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para 2021.

En la terna, integrada después de revisar los perfiles de 19 aspirantes, se encuentra la abogada defensora de los derechos de las mujeres, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, quien de 2009 a 2015 fue litigante en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Oficial de Proyectos del Área de Violencia de Género y Derechos Humanos en Católicas por el Derecho a Decidir, desde donde acompañó a familias de mujeres víctimas de feminicidio.

Recientemente, de 2019 a 2020, Rodríguez Estrada fue directora de Vinculación de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de la Defensoría Pública y previamente, de 2017 a 2019, fue titular del Centro de Atención Integral en Yucatán de CEAV.

Como parte de su experiencia profesional también fue voluntaria en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y abogada en el Colegio de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas; además, ha participado en diversas publicaciones y análisis sobre acceso a la justifica, feminicidio y órdenes de protección.

La Segob también propuso a la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Claudia Lilia Cruz Santiago, quien de 2016 a 2018 fue directora general del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y directora de Derechos Humanos en el Instituto Nacional de Migración.

En su trayectoria también fue diputada federal de 2006 a 2009, impulsada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cargo donde fue integrante de las comisiones especiales “Para conocer las Políticas y la Procuración de Justicia vinculada a los feminicidios en el país” y “De no Discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos”, así como de la Comisión de Equidad de Género y la Comisión de Justicia.

El tercer candidato propuesto por la dependencia encabezada por Olga Sánchez Cordero y acordado con los movimientos de víctimas es el abogado Luis Fernando Rosas Ramírez, quien actualmente es director general de Audiencias de la Segob, dependencia donde se ha desempeñado desde 2018 en diferentes cargos. Rosas Ramírez también  laboró en la CEAV y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

En junio pasado la CEAV informó que debido al decreto presidencial donde se establecieron medidas de austeridad, publicado el 23 de abril, frenaría sus actividades esenciales y paralizaría su funcionamiento. Días después de ese pronunciamiento, el subsecretario de Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que los recursos para el organismo estarían garantizados.

Sin embargo, la semana pasada, al reformar la Ley General de Víctimas para establecer la obligación de atender a niñas y niños en orfandad por el feminicidio de sus madres o el feminicidio de sus padres, la diputada por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, aseguró que para el siguiente año la CEAV tendría un recorte de 5 por ciento, con una asignación de 843.7 millones de pesos. Esto se suma a la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que opera el organismo, extinción avalada en noviembre.

 

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