- Tardó dos años el gobierno de López Obrador en presentar una política nacional con perspectiva de género
- Durante las administraciones pasadas, la política pública de igualdad de género tuvo una limitada contribución en la atención del problema de la desigualdad entre mujeres y hombres debido a las deficiencias en el diseño
Luego de dos años de gobierno sin la política nacional para transversalizar la perspectiva de género en todas las dependencias, la administración pública federal publicó este 22 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (Proigualdad), así como su correspondiente Decreto.
De acuerdo con los documentos publicados esta mañana, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ejecutará y coordinará el Proigualdad con cargo a su presupuesto, que para este 2021 será de 128 mil 354 millones de pesos; no obstante, las dependencias y entidades que tengan a su cargo acciones puntuales previstas en el Programa, las ejecutarán con el presupuesto que se les apruebe para los ejercicios fiscales que correspondan.
El Proigualdad de esta administración quedó compuesto por seis nuevos objetivos prioritarios:
1) potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad.
2) generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado.
3) mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos.
4) combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad.
5) posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado; y 6) construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes.
Los objetivos del Proigualdad en la administración pasada del expresidente Enrique Peña Nieto eran: 1) alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres; 2) prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva; 3) promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad; 4) fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar; 5) generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas; y 6) incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.
Dos años sin política para la igualdad
El Proigualdad llegó dos años después de que Andrés Manuel López Obrador y su gabinete asumieran la presidencia de México; durante estos años, la violencia contra las mujeres aumentara al pasar de 10 a casi 11 asesinatos de mujeres diarios en la actual administración.
El 29 de mayo de 2019, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, informó durante la conferencia matutina del presidente que en julio de ese año iniciarían diálogos en las 32 entidades federativas para escuchar y recopilar propuestas para integrar un Acuerdo Nacional por la igualdad y diseñar un nuevo Proigualdad para esta administración.
Durante las administraciones pasadas, la política pública de igualdad de género “tuvo una limitada contribución en la atención del problema de la desigualdad entre mujeres y hombres debido a que las deficiencias en el diseño no permitieron implantar en su totalidad el Proigualdad, ni el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, de acuerdo con lo que observó la Auditoría Superior de la Federación (ASP) de 2007 a 2017.
Con el fin de diseñar una nueva política, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) organizó durante 2019 cuatro foros (Oaxaca, Colima, Culiacán y Estado de México) en los que se reunió a personal de la administración pública con representantes de la sociedad civil para delinear la ruta para el Proigualdad.
Como documentó Cimacnoticias a partir de solicitudes de información, el Proigualdad estuvo listo desde febrero pasado pero prevaleció en dictaminación final por parte del área Jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En septiembre pasado el Proigualdad ya contaba con el Dictamen de Impacto Presupuestario, pero el Inmujeres aún atendía las observaciones y comentarios emitidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Además del proigualdad, la administración pública federal aún tiene pendiente de publicar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que establece objetivos específicos para el acceso a la justicia, la coordinación interinstitucional, servicio de atención para las mujeres y prevención de la violencia.
