Una acepción de la violencia es el ejercicio de la superposición de la voluntad de uno sobre el otro, utilizando el marco de la autoridad o la fuerza o simplemente transgrediendo el patrimonio, la integridad o la dignidad de otras personas; esto último es lo que reconocemos comúnmente como violencia social. También debemos tener presente que existe una violencia no física: la violencia política, la económica, sicológica y la que ejercen las instituciones, desde la familia hasta la de los aparatos empresariales y del Estado. En general, se acepta una violencia legal y legítima, relacionada con aquella que se ejerce como autodefensa, o la del Estado sobre los ciudadanos teniendo como base un soporte legal que lo permite, aunque raramente se ejerce la denominación de violencia, sino que es referida como defensa propia, uso de la ley, fuerza de la ley, imperio de la ley, fuerza de Estado, razón de Estado, o protección del orden público. Esta acepción es socialmente tolerada cuando se emplea la fuerza policiaca o militar ante acciones consideradas ilegales o que ponen en riesgo alguna de las prerrogativas de las que debe gozar la sociedad, tales como el libre tránsito, la libertad o la seguridad de bienes o de las personas.
Para efectos de control social, conviene al Estado legalizar el uso
de la fuerza y, además, exhibirse como potencialmente listo para
ejercer la violencia. La exhibición puede ir desde la ostentación de
vehículos de guerra o persecución, banderas, el propio himno nacional,
armas, uniformes, procedimientos, ritos, actitudes, posturas y
discursos, que dan un toque enérgico y contundente al uso de la fuerza
hasta el límite de la destrucción del otro. Hay formas simbólicas y
sutiles que envuelven el lenguaje de la violencia institucional; por
ejemplo, un secuestrador que hubiere fallecido a manos de un policía
nunca será llamado víctima; el periódico nunca dirá que un delincuente
ejercía su derecho a la vida mientras repelía la balacera de un
oficial; la mala voluntad o las intenciones malévolas siempre serán
atribuibles a quien está fuera de la ley, nunca a los agentes
policiacos o al personal gubernamental. De igual forma, la policía
ministerial no pregunta, sino interroga (se supone que esto es más
inquisitivo o eficaz); la policía no secuestra, sino retiene para
investigar; la policía no mata, sino que el delincuente fallece durante
el tiroteo, igual que un héroe no asesina, sino libera al pueblo.
Parece pues que también la violencia es fuente de nuevos derechos y
origen legítimo, como la Independencia o la Revolución, motivo de otras
reflexiones.
En Aguascalientes hemos visto crecer, además de la violencia física
relacionada con la delincuencia, a la violencia institucionalizada a
partir de la inserción o enquistamiento de los partidos en la vida
pública, el crecimiento de la clase política, la ofensiva antiecológica
de las empresas, la inacción del gobierno, la disección de la ciudad en
vías rápidas, el secuestro de los bienes públicos como el estadio
municipal o los impuestos sobre la nómina, la carencia de los programas
sectoriales, la disparidad en los sueldos de la burocracia local, la
carencia de marcos programáticos de política pública, los laberintos
tramitológicos, el marketing político, el acoso electoral, el
consumismo disfrazado de libertad, entre miles de variantes. Sociedad y
gobierno hemos decidido engañarnos con el lenguaje y además hemos
preferido la declaración sobre la acción.
Aunque el mandato social que recibe la alta burocracia es muy
genérico y se expresa en realizar propósitos que favorezcan el bien
común, que maximicen la equidad posible, y que garanticen la justicia
social, entre otros, los proyectos o estrategias entran inmediatamente
a discusión por la falta de consensos en los principios, enfoques o
simplemente estilos personales. Pero sabemos que planes y programas no
son un asunto privativo de la actividad gubernamental; más bien, deben
ser parte de un proyecto social que privilegia unas prioridades a costa
de otras posibilidades, pero en la práctica entra en funciones la
violencia discrecional que hace y deja de hacer. La segmentación
social que se lograr haciendo surcos de vías rápidas a favor de los
poseedores de automóvil; aquellos miércoles ciudadanos para tener que
pedir lo que por principio debe hacerse; la utilización de los cargos
públicos como trincheras para favorecerse políticamente; la extensión
irrestricta de la mancha urbana sobre un manto de recursos
sobreexplotado; la agresión a las sectas religiosas; el uso de las
concesiones de los medios para fines particulares; el sentido de
impotencia que generan los trámites oficiales; la polución de días
libres escolares; el culto político por las personalidades rayando en
el fascismo y el chambismo, entre tantos comportamientos. Todos estos
son claras muestras de formas de violencia, tan preocupantes como el
silbido de los balazos.
No hay victimarios ni víctimas como nos gustaría ver para
simplificar la visión y diluir nuestras responsabilidades y acomodar un
curita en el sentimiento de culpa. Está claro que las celebraciones de
los ritos oficiales son pachanga, que puentes y desniveles nunca
alcanzarán la voracidad y la flojera de movernos en autos individuales,
que las titulaciones dobles y en dos años alcanzaron al profesionalismo
y a la formación ética, que los diputados y regidores son extracción
fiel de nuestras familias ni más ni menos, que nuestros hijos no han
visto más lo que hemos hecho. Una nueva cultura ciudadana espera con
ansiedad que alguien la adopte y la haga crecer.
