En Argentina, la pandemia de COVID-19 también ha afectado gravemente a su población. Un caso de esta enfermedad muy polémico es el de Oscar García Rúa, pues falleció luego que su médico le recetara tomar dióxido de cloro y un juez permitiera dicho tratamiento.
El cuadro clínico de esta persona era sumamente desalentador, pues enfermó de COVID-19 este había afectado seriamente sus pulmones. A pesar de utilizar técnicas convencionales, su salud no mejoró, por lo que el médico privado encargado de atender a esta persona solicitó la aplicación de un tratamiento alternativo, que incluía el suministro de dióxido de cloro por vía intravenosa. Esta decisión fue permitida por un juez, que ordenó al Sanatorio Otamendi y Miroli, donde se encontraba el paciente, cumplir con las indicaciones del médico.
Esta determinación fue sumamente polémica, pues muchos expertos y organizaciones han indicado que el dióxido de cloro es una sustancia peligrosa para la salud y no debería utilizarse para tratar COVID-19. No solo eso, sino que la Anmat, organización paralela a Cofepris en Argentina, ha rechazado su aplicación.
La decisión del juez se basó en que el suministro de dióxido de cloro no ocasionaría un perjuicio grave a la salud del paciente, que ya estaba muy deteriorada a pesar del uso de métodos tradicionales. Apoyándose en la posibilidad de evitar el agravamiento de sus condiciones de vida, se ordenó a dicho sanatorio cumplir con las indicaciones del médico particular.
El tratamiento resultó infructuoso, pues aunque personas cercanas al paciente han mencionado que su salud mejoró un poco, no pudo sobrevivir. Las decisiones del juez y el médico privado involucrados han sido calificadas como irresponsables por parte de expertos en medicina, debido a los peligros del uso de medicamentos con cloro. Este producto está completamente contraindicado, sin embargo es usual que se promueva como una solución efectiva a los síntomas de COVID-19.
