Uno de los derechos esenciales de toda sociedad democrática es el libre desarrollo de la personalidad, que implica la posibilidad de trazar un plan de vida acorde a los intereses más adecuados a la visión del mundo que tiene cada ser humano, y ese desarrollo sólo se logra con Instituciones fortalecidas que, sin injerencias o influencias de intereses ajenos a la satisfacción de esos derechos, pueden generar la visión más adecuada para ayudar al individuo a lograr el ejercicio pleno de sus derechos.
Para lograr lo anterior, en las naciones democráticas se han creado órganos constitucionales dotados de plena autonomía para que ejerzan sus facultades con independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia a favor de la sociedad por la que existen y para quien sirven. Los órganos constitucionales autónomos como los Institutos Electorales, Universidades Públicas, Fiscalías, etc., son creados sin adscripción a los poderes tradicionales de un Estado para que actúen con independencia en sus decisiones y estructura, con el sólo límite del Estado Constitucional de Derecho.
Es constante escuchar discursos de protección a los derechos humanos y fundamentales; pero la información que se da sobre acciones para su protección contrasta con su constante y sistemática violación, por lo que día con día nos damos cuenta de su falta de efectividad. Se dice de su respeto, que contamos con determinados derechos que no pueden ser afectados, que las instituciones están ahí para protegerlos y vigilar que puedan ser ejercidos; pero luego recibimos mensajes contradictorios y se observan pocos hechos.
Hablar de derechos es hablar de criterios de legitimidad política en la medida que se protejan realmente. Lo que observamos en la realidad respecto del trato al ser humano y a las Instituciones creadas para su protección, representa una visión particular de una sociedad y su actividad política. Más que preocuparnos por hablar de derechos, debemos verificar que en la realidad se otorga al ser humano los mecanismos indispensables para satisfacer sus necesidades, derivadas de su dignidad, para lograr su desarrollo integral. Si sólo encontramos discursos de protección pero no actividades efectivas que los garanticen y provoquen su desarrollo, tenemos frente a nosotros una sociedad a la cual no le importa si se satisfacen o no sus derechos.
Para esto existen los organismos autónomos, para evitar que las políticas públicas destinadas a la satisfacción de los derechos que tienen a su cargo estén influenciadas por intereses diversos, y se conviertan en instrumentos de control contra sus ciudadanos. Un organismo autónomo requiere condiciones estructurales que lo doten de imparcialidad en la toma de decisiones, autogobierno, independencia real y objetividad, para apoyar al pleno ejercicio de los derechos de los seres humanos, pues tales Instituciones se crean para servir a la sociedad en su conjunto, se deben a ellas y son para ellas.
Los derechos humanos son para todas y todos, y buscan la satisfacción de necesidades para lograr una mejor sociedad; para ello las normas Constitucionales crean disposiciones institutivas, que implica el establecimiento de Organismos o Instituciones que tienen la obligación de hacer efectivos los derechos para cubrir esas necesidades; por ejemplo, el Poder Judicial creado para la protección de las personas contra conductas autoritarias del Estado y los particulares; las instituciones Universitarias y educativas para satisfacer esa formación intelectual y humana de sus comunidades; las de seguridad ciudadana para prevenir conductas dañosas; y así todas aquellas creadas por el Estado para y por su sociedad, con el fin de establecer las condiciones de una comunidad más justa. Pero si a la par encontramos un discurso que los deslegitima al alegar que tales Instituciones y derechos son obstáculos para reaccionar, son corruptos, y deben reestructurarse sin ninguna justificación real, compraremos la idea de que el problema se debe resolver hasta que lo tengo encima, y no nos daremos cuenta que el conflicto se resuelve en su origen, en sus causas, con la satisfacción de necesidades como la alimentación, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el desarrollo libre de la personalidad, que son derechos humanos dejados en el olvido, para sustituirlos por el discurso de que todo es corrupción, y los derechos sólo generan impunidad.
Ser “humano” es el derecho más esencial, y se debe garantizar su desarrollo en condiciones de respeto y aseguramiento de su dignidad y autonomía, para lograr su libre desarrollo y evitar la ejecución de tratos degradantes e inhumanos frente a su derecho a ser. En consecuencia, la autonomía tanto de los particulares como de las Instituciones constituye un factor real de cambio hacia la protección de derechos, que transformará a un simple mecanismo de control y sometimiento social, hacia una herramienta para mejorar la vida de la colectividad en nuestra Nación.
Los órganos autónomos son poderes de Estado, y los poderes no se absorben, se fortalecen y se ejercen. Así que más que “absorber” instituciones autónomas para ocultar su desaparición, requerimos fortalecerlas y dotarlas de mayores herramientas y recursos para seguir consolidando la democracia y el ejercicio de los derechos, los cuales no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales.
