Es de todos conocido que una de las obligaciones primarias del estado es la de garantizar la seguridad pública, resguardar el orden y velar por el cumplimiento de la ley; obligación irrenunciable y exigible.
Desde hace poco más de dos años, el país se encuentra sumergido en un problema de seguridad sin precedente; ejecuciones, secuestros, levantones y el creciente reto del narcotráfico y sus cárteles a la autoridad mexicana son muestra de la precaria situación en la que vivimos. No existe día en que nos levantemos sin que se haya asesinado a alguien por parte del crimen organizado.
Según datos oficiales obtenidos a través del diario Milenio y el Universal, con base a fuentes de la PGR y la SSP, en lo que va del sexenio del Presidente Felipe Calderón (30 meses), van más de 11 mil ejecuciones relacionadas con el crimen organizado; tan sólo en lo que va del año han ejecutado a 2 mil 821 personas, a un ritmo promedio de un millar cada 55 días.
En el análisis de estos datos, debemos recordar que en un principio, la teoría del reacomodo en los círculos de poder dentro del crimen organizado fue el principal argumento para justificar la carnicería reinante en el país, ajuste de cuentas o una guerra entre ellos decían, para poco después dar pie a la campaña federal de un enfrentamiento frontal a la delincuencia. La realidad es que el orden fue roto desde el sexenio anterior y el restaurarlo necesita algo más que buenas intenciones; en una estrategia y aplicación de política pública contra el crimen organizado se debe ser profesional, efectivo, imparcial y eficaz.
La realidad es que la delincuencia ha puesto en jaque al gobierno del presidente Calderón, podemos ver, como en películas de ciencia ficción, el rescate de sicarios por sus cómplices mediante la utilización de bazucas, la fuga de medio centenar de sicarios del CERESO de Cieneguillas en Zacatecas, las emboscadas a militares en Michoacán y otros estados, el incremento vertiginoso de los secuestros y levantones, o los enfrentamientos armados, como el de los últimos días en Acapulco, en donde por más de 5 horas las calles del centro vacacional se convirtieron en el escenario de una guerrilla cada vez más común y preocupante; y qué decir de la ineficiente militarización de diversas zonas del país, que ante miles de militares y agentes federales siguen ejecutando a civiles, como la masacre de 12 personas en Ciudad Juárez hace apenas una semana.
Esta situación parece no tener fin, ya que año con año va en aumento el número de asesinatos, secuestros, levantones y enfrentamientos. Tan sólo en los 8 años y medio de las administraciones panistas, de Vicente Fox a Calderón, sumamos más de 20 mil ejecuciones, el secuestro ha aumentado un 35 por ciento durante los 2 últimos años y las redes de corrupción se extienden a todos los niveles y en todos los gobiernos.
Es necesario el establecimiento de una política eficiente de generación de empleo y educación, que permita brindarles a los ciudadanos la opción de crecimiento y preparación académica, sólo así podremos abatir al crimen organizado.
Quizá el mantener un promedio diario de 18 ejecuciones sea el precio que debamos pagar por el restablecimiento del orden, pero mientras el gobierno federal no se comprometa de lleno a combatir al crimen organizado desde sus cúpulas, difícilmente podremos ver una mejora en esta situación, seguiremos contando las muertes de los peones, mientras que los alfiles siguen aguardando la siguiente jugada. Yo no quiero acostumbrarme a esto.
