Myanmar, o Birmania, ha sido objeto de crítica internacional durante años. El compromiso del Estado con la garantía de derechos humanos es casi nulo. Es uno de los países del sudeste asiático con un rápido crecimiento económico desde 2000. Pero la fragilidad del Estado birmano en su conjunto impide que su población alcance un nivel de vida adecuado, donde las libertades civiles y la garantía de los derechos humanos sean prioridad.
La detención de Aung San Suu Kyi y el regreso de la transgresión militar podría terminar con una Birmania debilitada y con grandes retrocesos institucionales. Sin embargo, a pesar de ser escandalosa la situación que se está desarrollando en el país asiático, otra situación merece ser recordada: el desplazamiento y genocidio de los rohinyás, una situación vergonzosa que ha sido minimizada durante los últimos tres años.
Luego de casi 130 años de dominio británico, el 4 de enero de 1948 se creó el Estado de Birmania. Además de ser el segundo país con mayor superficie territorial en el Sudeste Asiático, también es uno de los países con mayor diversidad étnica: oficialmente, existen 135 grupos étnicos. A pesar de ser un país multiétnico, el Estado birmano se ha caracterizado por su racismo, discriminación y aislamiento de los rohinyás, población musulmana y que es vista como una etnia invasora. De hecho, los rohinyás no son reconocidos como birmanos, o como ciudadanos.
La ley de Ciudadanía de Birmania, promulgada en 1982, establece tres tipos de nacionalidad: la ciudadanía por nacimiento, la ciudadanía por asociación y la naturalización. Para tener derecho a la nacionalidad, en el capítulo II, artículo 3 de la Ley, se determina que “serán considerados como nacionales aquellas personas que pertenezcan a grupos que, como los Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine o Shan, se hayan establecido en cualquier parte del territorio antes de 1823 A.D.”
Lo anterior imposibilita a los rohinyás ser reconocidos como birmanos por dos razones: mayoritariamente se establecieron en Birmania durante el periodo colonial, es decir, después de 1823; asimismo, su lengua no es reconocida por el gobierno, requisito indispensable para comprobar que se pertenece a alguno de los grupos étnicos acreedores a la nacionalidad.
Hay muchos ejemplos de violencia de Estado hacia los rohinyás. Por ejemplo, desde 1982 los rohinyás carecen de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución birmana como la libertad de movimiento, el acceso a los servicios básicos del Estado y el acceso a la educación.
Otro acto discriminatorio que perpetúa la marginación de los rohinyás es la prohibición de explotación de tierras. Entre 1990 y 2010, las tierras de los rohinyás fueron confiscadas por el Estado y se utilizaron para la construcción de aldeas modelo que funcionan como alojamiento de las etnias reconocidas con mayores carencias sociales. Cabe destacar que el gobierno birmano obligó a los rohinyás a construir dichas aldeas bajo condiciones inhumanas.
Aunque históricamente han sido un grupo aislado, en los últimos diez años el gobierno de Birmania ha implementado acciones más drásticas con el fin de exterminar o desaparecer al pueblo rohinyá. En 2014 se prohibió la contabilización de los rohinyás en el Censo de población y vivienda, mientras que en 2015 se retiraron cientos de candidaturas de musulmanes y rohinyás en las elecciones generales de ese año.
El episodio que preocupó a los organismos internacionales inició en 2016 cuando Human Rights Watch publicó una serie de imágenes satelitales donde se mostraba que 1,250 viviendas pertenecientes a los rohinyás habían sido quemadas por las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas justificaron esta acción como legítima defensa ante supuestos ataques de rohinyás contra puestos de seguridad fronterizos.
Entre 2016 y 2017 las acciones contra los rohinyás se intensificaron: Se reportó el uso de la fuerza letal –el uso de helicópteros armados con ametralladoras– y de la violación en masa de mujeres rohinyás por parte de soldados birmanos. Ante esta situación, cerca de 800 mil rohinyás han abandonado sus hogares y se han instalado en Cox Bazar, Bangladesh. La situación ha desencadenado una grave crisis humanitaria desde 2017, puesto que el gobierno bangladesí carece de infraestructura o recursos financieros para garantizar la protección de este grupo.
A pesar de las reformas políticas que Aung San Suu Kyi promovió para garantizar mayores libertades y para consolidar la transición a un gobierno verdaderamente civil, la posición oficial del gobierno birmano es la de negación de que exista un genocidio contra los rohinyás. Además, bajo la gestión de Aung San Suu Kyi el gobierno birmano se ha negado a que observadores internacionales entren al país para evaluar la situación.
Ante tales crímenes, China –el mayor aliado de Birmania– ha propuesto la creación de zonas económicas especiales como parte de su iniciativa One Belt, One Road en las tierras de los rohinyás con el fin de beneficiar a la población local. La posición oficial del gobierno respecto a la crisis de los rohinyá es ambigua: por un lado, se niegan a condenar o reconocer la existencia de crímenes contra la humanidad: por otro lado, el gobierno chino ha reconocido la necesidad de que Birmania adopte mejores instituciones que faciliten la inversión y el desplazamiento de mano de obra, entre ellas el permitir la contratación de pobladores rohinyá.
Los acontecimientos del fin de semana indican que la situación de los rohinyás no se resolverá en el corto plazo. Las instituciones estarán nuevamente bajo el estricto control militar y cualquier mínima esperanza por fortalecer democráticamente al estado birmano han sido diezmadas. Ante la indiferencia de China y la pérdida de influencia política de Estados Unidos en la región sugieren que la situación precaria seguirá durante los próximos años.
