Conforme han avanzado los años, el número de leyes, lineamientos y normatividad reglamentaria en materia electoral se ensancha impresionantemente, cuál si la solución siempre fuera el regular, lo que de facto en realidad es prohibir. Tantas regulaciones, generan una dictadura que sólo beneficia a los partidos grandes que son aquellos que pueden pagar el andamiaje de abogados y contadores necesarios para hacer frente a este enorme monstruo que es la materia electoral, olvidamos el viejo adagio de Tácito de que “Cuanto más corrupto es el estado, más leyes tiene”. Quedan desprotegidos partidos con pocos recursos y por supuesto los candidatos independientes reales, o sea los ciudadanos, no aquellos políticos tradicionales que optan por la independencia.
Las leyes generales (delitos electorales, partidos, instituciones y procedimientos, medios de impugnación) son los primeros chalecos de fuerza con el que, primero, se ata a estados y municipios rompiendo el principio federalista, pues prácticamente las legislaturas locales quedan esposadas por no decir nulificadas, en torno a lo que dicta el centro, lo que he denominado en foros y otros artículos un centralismo jurídico que pareciera dejar solo para las entidades, el federalismo en lo político. Esta materia es un fenómeno generalizado en el país: seguridad, educación, salud, transparencia, anticorrupción, procedimientos penales, laborales, todo de manera general; esto olvida que la esencia del federalismo es el regionalismo, la pluralidad y no la unicidad.
Hay otro problema: la violación al principio de reserva de ley. Una parte fundamental del derecho electoral se da en los acuerdos que emiten el INE y los organismos electorales. Sin embargo, algunas de las reglas se apartan de las normas que emite el legislador, otras se ubican en los márgenes, lo que sería discutible en cuanto a si se ajustan o no al principio de reserva. Pensemos, por ejemplo, en la “alternancia” entre hombres y mujeres en los llamados “bloques competitivos” (es decir alternar en aquellas candidaturas rentables para los partidos) que no es una medida que se exija en nuestra legislación, solo el sesgo de no postular en los lugares de menor votación. Sin embargo, existe un acuerdo del OPLE local que regula la alternancia en plurinominales, es decir que los partidos postulen mujeres si en la elección pasada postularon hombres (lo que sucedió en todos los casos) lo que se sale un poco (o un mucho) de la norma; sí, no se niega la necesidad de medidas afirmativas como esta, pero de alguna forma fuera de lo que la ley dispone.
La forma de hacer campaña además ha sido alterada, prohibiciones en torno a actos anticipados (¿Y qué si alguien se quiere dedicar a hacerlos? ¿Por qué sería antidemocrático eso?) limitación del tipo publicidad, al libre movimiento de candidatos (hay que informar el día a día de la agenda al INE) el ejemplo que nos demuestra lo anquilosado que resulta la lid democrática dentro de las reglas de hoy, son los debates: tediosos ejercicios de preguntas y respuestas sin mayor argumentación o intercambio de ideas, de tal forma que lo único que recordamos son los memes como el riqui, riquín canallín, o aquella edecán en el 2012.
La fiscalización es el brazo armado de la dictadura electoral: la temible unidad de fiscalización del INE pareciera violar derechos humanos, principalmente con sus revisiones de campo que nunca son notificadas, sino hasta los informes, pero no hay un acta o un oficio de inicio previo a que levanten la información. Los dictámenes son un ejemplo de violar la debida defensa, pues normalmente son kilométricos y una vez que son aprobados por el Consejo General, solo se cuenta con un plazo de cuatro días para impugnarlos, cuando el proceso burocrático interno en cada partido, es complejo. Traigo un caso común: un dictamen consolidado donde se señalan irregularidades, y entonces se notifica al partido en la CDMX, de ahí al partido local y luego este a cada candidato. La sola recopilación de la respuesta de cada implicado y sus pruebas se antoja compleja en ese plazo fatal de solo cuatro días. Para los independientes y partidos pequeños o de nueva creación, aún más difícil.
¿Cuál debería ser el futuro del derecho electoral? Volveré en otra columna a ello, pero creo que necesitamos abrir más el debate, olvidarnos de viejos fantasmas que nos siguen asustando, v. gr., el asunto de seguir usando boletas físicas en lugar de electrónicas, por miedo al fraude. Mientras tanto, preparémonos para unas elecciones aún más tiesas, pues seguramente vendrán acuerdos en torno a cómo hacer campaña en tiempos de covid, lo que evidentemente tendrá muchas restricciones.
