De acuerdo con el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, entre el 20% y el 23% de la población mexicana ocupada labora en actividades que, dadas sus características, podrían ser realizadas desde el hogar, pero la distribución de dicha población no es homogénea a lo largo del territorio nacional. Mientras entidades como Ciudad de México y Nuevo León rebasan el tercio de los ocupados que pueden realizar estas actividades (similar al observado en países desarrollados) en otros estados como: Chiapas o Hidalgo menos del 20% de los ocupados pueden realizar sus actividades lejos de su lugar de trabajo.
Es posible notar, además, que la región del Bajío, en donde existe una alta concentración de la industria manufacturera, sólo entre 17% y 21% de los ocupados puede realizar sus actividades laborales desde casa, remarcando la vulnerabilidad de este sector ante circunstancias que obliguen a desplazar la producción fuera de las plantas. Así, por ejemplo, en Aguascalientes, donde la producción manufacturera se encuentra concentrada, cuenta con una menor capacidad para desplazar la actividad económica fuera de las plantas de producción hacia los hogares de los trabajadores. De ahí que se trate de estados que a pesar de tener ingresos similares a los de la mayoría de estados del país, tienen una menor proporción de ocupados que pueden laborar desde casa.
Dadas las condiciones de la pandemia, el registro de los puestos de trabajo ha tenido un detrimento importante, particularmente entre las entidades dedicadas al turismo; sólo tres estados han podido despuntar de acuerdo con el último reporte del IMSS de enero de 2021. Aguascalientes se encuentra en el lugar número 14 con una pérdida del 2%.
El Centro de Estudios Espinoza Yglesias ha tenido a bien calcular algunos índices pertinentes partiendo de las condiciones actuales del país. Mide la vulnerabilidad personal y la vulnerabilidad de los sistemas de salud estatales. Las entidades que concentran el mayor porcentaje de la población con salud vulnerable son el Estado de México con 11.64%, la Ciudad de México con 9.58% y Jalisco con el 8%. Por el contrario, Baja California Sur (0.49%), Colima (0.50%), Campeche (0.64%), Quintana Roo (0.71%) y Nayarit (0.92%) son las entidades con los menores porcentajes.
Por otra parte, la región sur del país es la que presenta el mayor número de hogares sin acceso a agua entubada en la vivienda. En Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, hasta el 27% de los hogares no cuentan con este servicio. En contraste, las entidades con menor riesgo por este factor se encuentran en la región norte, particularmente Aguascalientes, Durango y Nuevo León, con menos de 0.5% de su población con esta carencia de hogares sin servicio de agua.
La reunión de los factores anteriores lleva a una vulnerabilidad conjunta en salud en donde varios estados del sureste (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz) presentan la mayor desventaja. En contraste, La Ciudad de México, Colima, Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas presentan la menor vulnerabilidad conjunta en salud.
Por un lado, es necesario que la intervención de política social focalice sus esfuerzos en alcanzar a la población más pobre, en tanto que ésta es la que menor capacidad tiene de poder seguir llevando a cabo aquellos trabajos de los que deriva un ingreso. De otra forma, se vuelve imposible para esta población poder seguir las recomendaciones sanitarias, ya que de facto suponen la pérdida total del ingreso laboral.
Aguascalientes debe atender con mayor empeño su vulnerabilidad por contar con empleados y hogares con bajos ingresos, ya que con el 1.13% de la población nacional alcanza el 1.68% de la población vulnerable por ingresos. La gente sí está ocupada pero no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas por falta de ingreso suficiente para hacerlo. La canasta básica actualizada al cuarto trimestre del 2020 para 37 bienes específicos asciende a 56 pesos por persona; es decir a un costo de 224 pesos diarios para una familia de 4 miembros.
La Cepal considera, que si bien se había analizado el avance en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable en la región, para la implementación de la Agenda 2030, al revisar las 72 series estadísticas de los indicadores para América Latina, este análisis reveló que se han alcanzado 4 metas; hay 15 que probablemente se cumplan según la tendencia actual; 8 necesitan más intervención de políticas públicas; 13 requieren una fuerte intervención de políticas públicas; 27 están estancadas y 5 están francamente en retroceso.
