- Diputados de Tamaulipas estaban listos para salvar a Cabeza de Vaca del desafuero, pero la aplanadora morenista en San Lázaro está dispuesta a cambiar la ley con tal de evitar que la decisión aterrice allá.
EMEEQUIS
La aplanadora obradorista de San Lázaro y la mayoría panista de la legislatura de Tamaulipas se disputan el destino del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Morena propuso ayer una reforma constitucional para quitar las legislaturas locales la decisión final en procesos de desafuero.
Esa fue la respuesta de la coalición gobernante en la Cámara de Diputados federal al Congreso de Tamaulipas, que apenas el martes estableció la disposición legal de que toda declaración de procedencia de desafuero debe replicarse por completo por ese cuerpo legislativo, con lo que prácticamente arrojaban un salvavidas a Cabeza de Vaca.
PAN: “Morena adapta la ley a capricho”
Cabeza de Vaca es imputado por la Fiscalía General de la República de los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
El fiscal, Alejandro Gertz Manero, solicitó la semana pasada al Congreso Federal el desafuero del gobernador de Tamaulipas y, a diferencia de otras solicitudes semejantes que obran en la Sección Instructora de San Lázaro, ésta será procesada de manera expedita: hay un interés explícito de AMLO.
La propuesta de Morena de quitar a las legislaturas locales la prerrogativa constitucional de decidir la suerte final de un funcionario desaforado por la Cámara federal es el más reciente movimiento en el forcejeo por el destino de Cabeza de Vaca.
La Asociación Nacional de Gobernadores del PAN rechazó de inmediato la propuesta: “La ley debe aplicarse, no adaptarse a capricho”.
“El intento de Morena para reformar el artículo 111 Constitucional e impedir a los Congresos decidir el desafuero de gobernadores, es un atropello al federalismo. Es muy grave que se modifique la Constitución por encargo”, señaló el organismo panista en redes sociales.
Tormento a la ley
Apenas el lunes, la legislatura tamaulipeca aprobó un reglamento que establece que recibirá toda declaración de procedencia –diputados locales, ministros o del jefe del Ejecutivo estatal– para procesarla completamente en su propio seno y así confirmarla o desecharla.
Esto se tomó como un “blindaje” otorgado a Cabeza de Vaca por la legislatura local, dominada por el panismo, que tiene 23 de 36 diputados que conforman la legislatura.
La respuesta llegó ayer. Ahora es la coalición obradorista en San Lázaro la que busca “dar tormento” a la Constitución para impedir que la legislatura tamaulipeca le arrebate la anhelada foto de Cabeza de Vaca tras las rejas.
Tocó a la diputada federal morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega presentar la propuesta: una iniciativa de reforma al artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo: impedir que los Congresos estatales puedan decidir el desafuero de gobernadores y funcionarios locales.
¿Qué dice la ley?
Hasta ahora, el artículo en cuestión plantea:
“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
La propuesta de Morena es que “un funcionario local que cometa un delito federal pueda ser sujeto del procedimiento de juicio de procedencia por la Cámara de Diputados (federal) y poder (sic) ser llevado a juicio penal, eliminando el requisito de que el asunto se envíe a la legislatura local”.
Según Ascencio, la propuesta morenista elimina la “concesión graciosa” del régimen priísta a sus gobernadores, para evitar que fueran procesados.
“Queremos desenquistar a la vieja clase política que ha diseñado las normas para garantizar la impunidad ante la corrupción que ha cometido”, dijo en su exposición de motivos. ¿Quién ganará?
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