La nueva afrenta de López Obrador es contra el Poder Judicial. Los jueces y magistrados que, desde su perspectiva, se han atrevido a ir contra su palabra, están ahora en la mira. Su molestia es tan evidente que ha amenazado con cambiar la Constitución si continúan las trabas para hacer realidad su reforma eléctrica.
“Mi palabra es la ley”, parece ser una idea recurrente en su cabeza. Sí, así como reza la famosa canción de José Alfredo Jiménez.
Desde que fue publicada la reforma la Ley de la Industria Eléctrica, el 9 de marzo, suman más de 30 recursos judiciales de amparo otorgados por jueces federales. La mayoría de ellos coinciden en que la nueva ley viola tratados internacionales como el TMEC y el Acuerdo de París sobre cambio climático, pero lo más importante, que atenta contra la libre competencia y la concurrencia.
La respuesta del inquilino de Palacio Nacional ha sido iracunda y por supuesto responde a su famoso spin para cambiar la conversación pública. Ahora, bajo pretexto de combatir el supuesto nepotismo en el Poder Judicial y a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Andrés Manuel busca amedrentar a jueces, magistrados y todo aquel abogado que se oponga a los designios de la 4T.
La misma estrategia de presión, amenaza y persecución ha sido aplicada contra opositores, periodistas, gobernadores, grupos de la sociedad civil y críticos de su gobierno. La lista más reciente la encabezan el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, el historiador Enrique Krauze y el periodista Víctor Trujillo.
Pero volviendo al tema de la reforma eléctrica, el presidente se ha topado con pared. La ley es clara y los amparos tienen cabida porque su iniciativa atenta contra el patrimonio de particulares que han seguido las reglas para invertir en el sector.
Pero la batalla ha trascendido el espacio jurídico para irse al político y al mediático. El presidente sabe que puede perder la batalla legal y ahora todo se trata de percepción. Por eso vuelve al discurso del saqueo y de la corrupción. Pretende validar, frente al pueblo, que si es necesario cambiar la Constitución para acabar con los “privilegios”, está dispuesto a hacerlo y cuenta con el respaldo del Congreso.
En términos reales, el daño está hecho. La Ley Combustóleo (como ha sido bautizada) ha caído en un bache legal, pero antes ha lastimado severamente la confianza para invertir en el sector y en el país. En un año crítico para impulsar la recuperación económica, luego del descalabro del 2020, el gobierno de López Obrador busca cambiar las reglas para regresar al monopolio de la energía eléctrica administrada por la CFE.
Veremos en qué acaba esta confrontación y hasta dónde es capaz de llegar con tal de cumplir su capricho. Por lo pronto, su ley ha encontrado oposición en el Senado de la República y en el Poder Judicial, y eso, eso es un gran aliciente.
