APRO/Mathieu Tourliere
La justicia estadounidense condenó este martes a cadena perpetua y exigió el pago de 138.5 millones de dólares a Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, al que imputó delitos de narcotráfico –la importación de 140 toneladas de cocaína–, portación de armas, homicidios y mentiras, y lo acusó de encabezar una poderosa estructura de tráfico de drogas de la mano con su hermano, el actual presidente hondureño: Juan Orlando Hernández.
El caso es, en varios aspectos, paradójico: a finales de 2017, el gobierno estadounidense de Donald Trump fue uno de los primeros en reconocer formalmente la reelección de Hernández a la presidencia de Honduras, a pesar de que el proceso electoral estuvo plagado de evidentes irregularidades, que culminaron con una inexplicable “caída” del sistema de conteo de votos en la noche de la elección.
En un comunicado que acompañó la sentencia de hoy, el Departamento de Justicia reforzó el señalamiento de que Honduras es un Estado capturado por grupos criminales y plagado por la corrupción y la violencia, pues los dos hermanos Hernández fueron diputados y su red de corrupción involucró a los altos mandos de la policía y del Ejército, y parte del dinero obtenido fue inyectado en las arcas del Partido Nacional para financiar campañas presidenciales.
El relato de las pruebas exhibe la podredumbre que corroe a Honduras desde arriba, con un flujo continuo de dinero entre presidentes del país, el partido en el poder y narcotraficantes. La corrupción, la miseria y la violencia obligan cada año cientos de miles de personas a huir de Honduras, y a buscar refugio en Estados Unidos.
El Departamento de Estado indicó que “junto con su hermano Juan Orlando Hernández, (Tony Hernández) jugó un papel de liderazgo en una conspiración de tráfico de drogas violenta y patrocinada desde el Estado”.
Dicha conspiración, abundó el texto, incluyó: la fabricación y distribución de por lo menos 185 toneladas de cocaína, la venta de ametralladoras y municiones a narcotraficantes –“algunas provenientes del Ejército”–, el desvío de millones de dólares de la venta de drogas hacia las campañas del Partido Nacional de 2009, 2013 y 2017, y la participación indirecta en al menos dos asesinatos.
Según la justicia estadounidense, el hombre de 42 años inició su carrera criminal en 2004, cuando empezó a filtrar información sobre operativos de la policía y el Ejército –dirigidos por Washington– a los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales y Héctor Emilio Fernández Rosa; de ahí, expandió su influencia a Colombia, donde abrió sus primeros laboratorios para fabricar cocaína.
En 2013, a la par de que su hermano llegó a la Presidencia de Honduras, Tony Hernández consiguió la presidencia del Congreso. En los años siguientes, la dupla “siguió asegurando cuantiosas sumas de dinero provenientes de la droga para campañas del Partido Nacional a cambio de protección a los narcotraficantes”, planteó la sentencia.
Y abundó: “Por ejemplo, aproximadamente seis meses antes de las elecciones de noviembre de 2017, (Tony) Hernández y Juan Orlando Hernández se reunieron con (Amilcar Alexander) Ardon Soriano en Copán, Honduras. Durante esta reunión, Hernández y Juan Orlando Hernández solicitaron a Ardon 500 mil dólares y 1.6 millones de Lempiras provenientes del tráfico de drogas para ‘financiar’ las campañas del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempiras”.
En 2018, abundó el comunicado, un cómplice de Hernández llamado Nery López Sanabria fue detenido en un operativo, y en un compartimento secreto de su auto las autoridades encontraron paquetes de cocaína marcadas con el nombre de Tony Hernández y con las iniciales “JOH”, referentes al mandatario hondureño. El hombre fue asesinado en la cárcel.
