Luego de que por parte del congreso local se dictaminó desechar la solicitud de endeudamiento y convenio del gobierno del estado con la empresa FYPASA para la ampliación de una planta tratadora de aguas residuales por encontrarse una serie de irregularidades en la misma, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Gaytán Mascorro solicitó que se investigue si no existieron posibles actos de corrupción.
Señaló que el problema es que “nos parecía muy absurdo que por 75 millones de pesos que iban a invertir ellos, se les iba a dar mil 80”, así como el 15 por ciento de IVA más los influentes, por lo que manifestó que era un contrato a todas luces ventajoso para la empresa.
Al cuestionársele si existía la posibilidad de que se estuvieran presentando actos de corrupción en la elaboración del convenio, Gaytán Mascorro respondió que “sí, por supuesto que había actos de favores, que nos parecía que tendría que verificarse”, agregando que no se explica cómo es que antes, la empresa haya sido demandada por gobierno del estado para rescindir la concesión y ahora se le hubiera pretendido extender por otros 18 años.
Indicó que el actual convenio que dura 15 años finaliza en 2010, y que en el mismo “debe establecerse que pasa con la infraestructura, si está creada, si el gobierno del estado se la queda, si pasa va a quererlo tirar” entre otras cuestiones, por lo que es necesario que esto se revise para que la ciudadanía tenga la certeza de que no se tendrá que pagar por otras instalaciones.
Por otra parte, también solicitó que se investigue una posible duplicidad de cobros por parte de la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes (CAASA), la cual en su concesión incluye que tiene que prestar el servicio de agua junto con el de alcantarillado, lo cual obliga al usuario a que en la contraprestación de recibir agua, también pague el tratamiento de la misma.
“Sin embargo, CAASA se está sustrayendo de esa parte que es su obligación” y el usuario paga doble este servicio, pues lo hace en el recibo de la concesionaria y en los impuestos que paga al gobierno del estado, en los que se incluye el cargo de la operación de la planta existente para pagarle a la empresa FYPASA.
Apuntó que en esta cuestión “necesitamos ponernos a investigar los diputados quién es el que está fallando, porque factura FYPASA a CAASA por los influentes que le está dando, pero no sabemos cuánto ni cómo está operando”, por lo que solicitó a la comisión de agrietamiento del suelo y sustentabilidad del agua que se inicie una investigación en este sentido.
Por su parte, el panista Juan Antonio Martín del Campo, presidente de la comisión antes citada, comentó que este es un caso que “definitivamente” tienen que revisar, pues es evidente que hay un cobro del tratamiento de agua por parte de CAASA, y ver cuál es el monto que recauda la concesionaria y lo que gasta el Instituto del Agua (Inagua) del gobierno del estado en el mismo rubro.
Explicó que esto debido a que “si CAASA lo está recabando, y por otro lado, la empresa (FYPASA) lo está cobrando con impuestos al gobierno, pues puede haber alguna duplicidad”, apuntando que en las próximas semanas se mantendrá una reunión con los titulares tanto de INAGUA como de CAASA para esclarecer este problema.
