APRO/Isaín Mandujano
Militares mexicanos, acusados de asesinar a un ciudadano guatemalteco, fueron retenidos por una turba que los desarmó, los humilló y los llevó por la fuerza hasta una región cercana a los límites con Guatemala.
El 29 de marzo pasado, un grupo del 15 Regimiento de Caballería Motorizada de la 31 Zona Militar de Comitán se encontraba en un puesto de control a la altura del poblado Barrio San José Bacantum, municipio de Mazapa de Madera, entre Motozintla y Frontera Comalapa, en la región fronteriza de la Sierra Madre de Chiapas.
En esos rumbos abundan los ciudadanos guatemaltecos que compran abarrotes al mayoreo en las numerosas bodegas del lado mexicano. El favorable tipo de cambio –2.65 pesos por quetzal– hace que miles de chapines ingresen o se acerquen a México para comprar todo lo que pueden.
Ese lunes 29 se encontraban en el destacamento los sargentos segundos de caballería Valentín Prado Quinto y Martín Mar Alonzo, el soldado de sanidad José Alexander Pineda Nulitagua y los soldados de caballería Ronay Alejandro Vázquez Gómez, Ariel Ruiz López y Pedro Carrión Rivera.
Ellos pretendieron detener una camioneta Mitsubishi gris que provenía de Motozintla rumbo a territorio guatemalteco, a fin de revisarla, pero –en la versión de los militares– los ocupantes del vehículo con placas de Guatemala intentaron evadir el retén y tuvieron que dispararles. Dos tiros atravesaron el parabrisas.
En el asiento del copiloto quedó muerto Elvin Mazariegos Pérez, de 30 años, con un impacto en el cuello y otro en el pecho. El conductor, Dylan López, logró bajarse y cubrirse. Un tercer ocupante, de quien no se dijo su nombre y que había pedido “un aventón” e iba en la góndola de la camioneta, logró escapar de ahí.
En una entrevista de Radio Única Tacaná, transmitida en redes sociales, Dylan López dijo que efectivamente él y su amigo Mazariegos venían de Motozintla y le dieron aventón a otra persona para ingresar a Guatemala, pero asegura que al aproximarse al retén los militares empezaron a dispararles. Ahí vio morir a su amigo. Al revisar la camioneta los militares no encontraron armas ni drogas.
En la entrevista López señaló que la familia de Mazariegos exige pensión para sus hijos.
El oficial de sanidad José Alexander Pineda intentó darle los primeros auxilios a Elvin, pero ya era demasiado tarde. El sonido de los balazos hizo que se reuniera en el lugar la gente de las casas y parajes cercanos.
En la zona casi no llega la señal de telefonía celular e internet. Muchas personas operan con equipo de radiocomunicación: los comerciantes y sus clientes, pero también los halcones de los grupos delictivos que trafican migrantes, combustible, azúcar, ganado, armas, drogas y otras mercancías ilícitas.
Los uniformados fueron rebasados por la multitud, que de inmediato les exigió cuentas, los sometió, desarmó y videograbó con celulares, además de humillarlos. Después, el gentío se llevó a 14 soldados hacia los límites del territorio guatemalteco como rehenes, para exigir la llegada de las autoridades y negociar su liberación a cambio de que se hiciera justicia y se indemnizara a la familia del fallecido.
Esa misma tarde fueron liberados varios soldados, pero seis se quedaron en manos de sus captores, quienes también retuvieron 17 fusiles de uso exclusivo del Ejército y tres vehículos militares.
Tropas de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y policías del estado se movilizaron para intentar rescatar al personal detenido, pero ya estaban en una intrincada zona montañosa cerca de la frontera.
Durante casi 10 horas las autoridades mexicanas perdieron la pista de los militares plagiados, a quienes les había tocado vigilar precisamente ese paso casi clandestino, porque ahí no hay autoridad aduanal que supervise el tráfico entre ambos países.
A las 03:00 horas del martes 30, tras varias horas de negociación, un alto mando militar llegó para negociar la liberación de sus elementos, donde pedía insistentemente la entrega de los fusiles. “Ni siquiera son nuestros, son del gobierno mexicano”, alegaba ante la encolerizada multitud.
El cuerpo de Mazariegos Pérez había sido llevado al Servicio Médico Forense de Motozintla y después entregado a la funeraria Jardín Los Olivos para su traslado en una carroza Hummer negra hacia la municipalidad de Tacaná, en el Departamento de San Marcos, Guatemala.
Aunque no se hicieron públicos los acuerdos a los que se llegó, se supo que se trata de un pago a la familia de Mazariegos y el compromiso de llevar a prisión al responsable de esa muerte. Según el alto mando del Ejército que negoció la libertad de los soldados, “la justicia del fuero militar es de las más severas” y garantizó que el autor material del tiroteo sería procesado.
Olga Mazariegos, hermana de Elvin, pidió además de la indemnización un apoyo mensual para sus sobrinos Melany, de nueve años, Katherine, de cinco, y Christopher, de dos.
El martes 30, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, dijo que en este caso hubo “una reacción errónea por parte del personal militar, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego ni agresión de ninguna manera, pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en el vehículo”.
Según Cresencio Sandoval, en la camioneta iban tres personas, se le dio atención médica al herido “y desafortunadamente pierde la vida. Ahí se asegura el vehículo, las dos personas, el cuerpo y al elemento que acciona su arma en contra del vehículo”.
Como los soldados retenidos no fueron internados en territorio guatemalteco, acotó el secretario de la Defensa, no hubo necesidad de que intervinieran las autoridades de ese país, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, lamentó la muerte de Elvin Mazariegos.
