- Los magistrados electorales estudian el argumento de Salgado Macedonio: el derecho a votar y ser votado está por encima de la ordenanza del INE de Lorenzo Córdova. Pese a presiones políticas y feministas, El Toro volvería al ruedo.
EMEEQUIS
En los pasillos del Tribunal Electoral soplan vientos legalistas. Los empleados progresistas y aquellos que condenan la violencia de género andan de ánimo caído porque los magistrados se aprestan para rechazar la ordenanza del INE para retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, quien acumula varias denuncias ciudadanas por agresiones sexuales.
Y es que, comentan desde el máximo tribunal, el derecho a votar y ser votado es primigenio, lleva mano en la Constitución. El añejo precepto es considerado el primer derecho humano en materia electoral. En estas horas aciagas se comenta que es justo este argumento el que analizan con especial cuidado y técnica jurídica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en aras de devolverle el registro a Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero.
Para pocos es un secreto que la mayoría de los magistrados electorales son proclives a defender las causas de la 4T, toda vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sabido “mantener a raya” al presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez.
En la Sala Superior del TEPJF hay dos impugnaciones: una, presentada por la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, y otra directamente promovida por el afectado, Félix Salgado Macedonio. El mismo procedimiento siguieron en el caso de Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán. Se trata de dos vías de impugnación. Sin embargo, las que tienen más posibilidades de prosperar, según explican expertos en materia electoral, son los recursos presentados directamente por los candidatos. Se llaman juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. Y tienen los argumentos más sólidos ante la autoridad.
¿Hubo o no precampaña?
Morena insiste en que no convocó a precampañas ni otorgó registros a precandidatos, porque sus métodos de selección no implicaban una contienda interna que permitiera a su militancia inclinarse por una u otra opción. En suma, su argumento es que por no haber hecho precampaña no había nada que reportar de ingresos y gastos en este periodo a la autoridad electoral.
Sin embargo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) explicaron (en el debate para retirar el registro a Salgado Macedonio) que no es suficiente con que un partido diga que la precampaña no existió para evitar cumplir con una obligación establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Eso, independientemente de cómo le llamen a su método de selección de candidatos: tómbola, encuesta, dedazo o lo que sea. Ellos pudieron declarar en ceros dichos reportes, pero simplemente omitieron esa obligación.
No obstante, en el juicio que empuja Salgado en el TEPJF, argumenta que esa decisión de su partido, en la que él no tuvo injerencia, lo dejó en estado de indefensión. Morena no tuvo acceso al Sistema Integral de Fiscalización que el INE abrió con el propósito de que los partidos subieran los ingresos y egresos de todos sus precandidatos.
La estrategia del Toro
En su juicio, Salgado Macedonio le dice al Tribunal:
“Hay una causa de inimputabilidad de la infracción electoral, por lo que el Consejo General no debió imponerme la sanción que por esta vía se combate, en virtud de que no pude optar entre realizar u omitir el informe de ingresos y gastos”.
Por ello, el polémico Toro de Guerrero pide que se le respete el derecho prioritario de ser votado. Ese es su argumento fuerte, porque ya hay antecedentes de que el TEPJF concedió la razón a David Monreal en un caso similar en el pasado. Pero no sólo eso: la jurisprudencia en este tema sí establece la necesidad de maximizar el derecho a votar y ser votado.
Ahí tiene su oportunidad Salgado, independientemente de que haya la percepción de que los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF son “perceptivos” a los mensajes que les llegan de Palacio Nacional. Incluso el propio senador de Morena, Germán Martínez, se refiere a la mayoría de ellos como “magistrados amaestrados”.
Las presiones políticas
No son pocas las presiones políticas, afirman fuentes cercanas a ellos. El plantón que la mañana de este miércoles organizaron los candidatos Salgado y Morón, acompañados de su dirigente nacional, Mario Delgado, se suma a esos embates.
Los magistrados ven claramente que hay amenazas de juicio político en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdova, y de su más cercano, Ciro Murayama. El propio presidente del TEPJF, José Luis Vargas, ya tiene una carpeta de investigación abierta en su contra en la Fiscalía General de la República (FGR) por sospechas de movimientos millonarios recientes en su patrimonio.
Los siete magistrados saben que Morena ha dejado correr el rumor de que, al pasar este proceso electoral, harán una reforma para ponerlos de patitas en la calle. ¿Dónde quedará su prestigio y futuro profesional?
La ponencia está a cargo del magistrado Reyes Rodríguez. Él es el responsable de presentar el proyecto de sentencia a sus compañeros. Su perfil no es “agachón”, por el contrario, junto con Janine Otálora Malassis, han representado un contrapeso con sus votos diferenciados. Por ahí, algún otro se les suma eventualmente. En esta ocasión no se auguran buenas posibilidades de mantener a Salgado fuera de la contienda electoral en Guerrero.
Lo cierto es que, según especialistas en la materia electoral, hay argumentos de peso jurídico en los juicios que presentaron Morón y Salgado, aunados a la presión política. Por eso, todo indica que los días de gloria que, en ciertos círculos intelectuales y feministas, vivió el INE después de bajar a Salgado, concluirán esta misma semana, cuando el TEPJF dicte una sentencia que será, como lo son todas las suyas, inatacable.
El futuro del candidato más cuestionado de la historia del país se apresta para escuchar un veredicto que lo devuelva a la campaña electoral por el gobierno de Guerrero. ¿Será que los magistrados tumben la ordenanza de Lorenzo Córdova y los consejeros del INE? La resolución podría conocerse este viernes.
@emeequis
