APRO/Mathieu Tourliere
Tan solo dos días después que un sindicato estadounidense interpuso la primera queja laboral contra una empresa mexicana en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), el gobierno mexicano externó a su contraparte de Estados Unidos sus “comentarios e inquietudes” respecto a los derechos laborales de las personas migrantes en sectores económicos de Estados Unidos.
En una carta remitida en Washington por el embajador Esteban Moctezuma Barragán, el gobierno mexicano “propuso un espacio de cooperación” en el marco del T-MEC para resolver las observaciones sobre “la falta de aplicación de leyes laborales” en “la industria agrícola, así como de procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos”, según informó la Cancillería.
Entre las omisiones que el gobierno mexicano señaló al secretario del Trabajo estadounidense, Martin Walsh, destacan la “falta de pago de salario y el tiempo extraordinario correspondiente” de los trabajadores migrantes, la ausencia de protocolos de descanso o de manejo de calor, el no respeto a las medidas de prevención contra el covid-19, o la “falta de atención a los casos de violencia y acoso sexual en ambas industrias”.
En un comunicado, la Cancillería indicó que señaló a la administración de Joe Biden la “importancia de hacer cumplir adecuadamente su regulación federal para garantizar los derechos laborales”, e insistió en que el T-MEC “promueve la aplicación de los derechos laborales fundamentales”.
Si bien este mecanismo está contemplado en el T-MEC, la temporalidad de la carta sugiere que se trata de una respuesta del gobierno mexicano ante la primera queja presentada por un sindicato estadounidense contra una empresa de Tamaulipas en el marco del T-MEC por presunta violación a la ley laboral mexicana.
El pasado lunes, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) denunció que la empresa de autopartes Tridonex, basada en Matamoros, acosó y despidió a trabajadores que pretendían asociarse en el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) –el grupo que lidera la activista Susana Prieto Terrazas– alterno al que actualmente controla la empresa, lo que según la agrupación estadounidense viola la legislación laboral de México.
Después de ventilarse la existencia de la queja, expertos y analistas coincidieron en que este precedente marcaría la primera prueba del T-MEC, pues deja al gobierno estadounidense un plazo de 30 días para determinar si la queja procede, y en dado caso poner en marcha un panel de solución de controversias el cual podría determinar sanciones contra la empresa.
