Dos por ciento de la población aguascalentense está compuesto por personas con discapacidad y es con base en esa estadística del DIF estatal que se ha legislado a favor de este sector, señaló el presidente de la comisión de desarrollo social en el Congreso del estado, Jaime Pérez Camacho, aunque admitió que sí existe la necesidad de “estudios más detallados” al respecto.
Pérez Camacho afirmó que quienes más se han pronunciado al respecto son “los débiles visuales o ciegos”, pero consideró que debe conocerse “qué tipo de discapacidad padece ese dos por ciento, cómo está comportándose, cuáles son las necesidades que se requieren atender; por ello, comentó, sería bueno que se realizara un foro o una mesa de trabajo con transportistas, autoridades estatal y municipales y los propios discapacitados, a fin de “hacer leyes que realmente sean aplicables”.
De acuerdo con un boletín del DIF estatal que data de agosto de 2008, “en Aguascalientes se estima que 20 mil personas tienen discapacidad, de las cuales el 45 por ciento es de tipo física y de ese 45 por ciento el 90 por ciento usa silla de ruedas”.
El legislador reconoció que el acceso de esta población al transporte público sigue siendo un pendiente en la ley y en la práctica cotidiana en Aguascalientes, pues además de las condiciones físicas y mecánicas de las unidades, se requiere capacitar a los choferes en la atención de este sector.
Desde su punto de vista, el tema del transporte para discapacitados continúa sin resolverse porque “no se ha buscado el conducto adecuado”; sin embargo, aseguró que la actual legislatura tiene “todo el interés” de hacer lo que le toca al respecto y adelantó que en próximos días buscará una reunión con la comisión de transporte público y los involucrados en esta parte del servicio.
No obstante, se le señaló, el tema del transporte no es el único inconcluso para las personas con discapacidad, pues si bien durante el año pasado se elevaron a rango de ley la eliminación de barreras arquitectónicas y la disposición de un 2 por ciento en las nóminas de los tres poderes para que discapacitados ocupen puestos laborales, ambos mandatos son incumplidos.
En ese sentido, Pérez Camacho reconoció a la actual administración municipal por haber implementado ya operativos que permiten que el desarrollo urbano de la capital no sea obstáculo para la movilidad de quienes se encuentran limitados por una discapacidad.
Por otro lado, admitió que ninguno de los tres poderes en el estado cuenta con el 2 por ciento mínimo de trabajadores discapacitados y por ello “tenemos que contemplar sanciones por esto”; no obstante, aclaró, “esa iniciativa no fue para despedir gente por contratar personas con discapacidad, sino para generar espacios y las condiciones para aquellas personas”, permitiéndoles ocupar las vacantes que se vayan generando.
