- En todo el país fueron 57 mil 644 carpetas de investigación por presuntas faltas administrativas
- Más de 3 mil 400 servidores públicos fueron sancionados por incurrir en faltas administrativas
Son 246 las carpetas de investigación iniciadas en Aguascalientes por la presunta “responsabilidad de faltas administrativas” cometidas por servidores públicos en el 2019, según la información tabulada del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas (Inegi).
De acuerdo al censo, ninguna de esas pesquisas se abrió “por oficio”. 110 se iniciaron por quejas o denuncias ciudadanas y las otras 136 se empezaron derivado de las auditorías aplicadas a las dependencias gubernamentales de Aguascalientes.
En total, durante ese mismo año, en México fueron 57 mil 644 las investigaciones iniciadas por faltas administrativas de servidores públicos. Según la Carta Magna y la propia Constitución de Aguascalientes, la figura del “servidor público” puede ir desde hablar de cualquier trabajador de una dependencia pública o de algún organismo autónomo, hasta hablar del presidente de la República Mexicana, los diputados, senadores, gobernadores, auditores y alcaldes, entre otros cargos.
Las faltas administrativas: desde corrupción hasta falta de transparencia
Las presuntas faltas administrativas investigadas no son cosa menor, pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que incurrir en ellas, situación exclusiva de los servidores públicos, puede ir desde no transparentar declaraciones patrimoniales y la opacidad en la rendición de cuentas, hasta llegar a un hecho de corrupción.
Dicha ley establece que existen dos clases de faltas administrativas, las no graves y las graves. El artículo 19 dice que incurre en una falta no grave quien no rinda cuentas sobre el ejercicio de sus funciones “en términos de las normas aplicables”, así como quien no presente en tiempo y forma sus declaraciones patrimoniales y de intereses, que recientemente se obligó para todos los servidores públicos, entre otras cosas.
Las faltas graves van más allá y suponen un daño al erario y a la confianza ciudadana. El artículo 52 establece que el cohecho es una falta administrativa grave. El cohecho es obtener “o pretender obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
También incurre en falta grave quien comete peculado, por el que años atrás se sentenció al exalcalde, exgobernador y expanista Luis Armando Reynoso Femat.
El artículo 53 dice que comete peculado “el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.
Otras faltas graves pueden ser desvío de recursos públicos o actuación bajo conflicto de interés, entre otros hechos relacionados con la corrupción.
Sancionados
Según el censo del Inegi, en Aguascalientes son 30 los servidores públicos “sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas”, todos por faltas no graves. En México esta cifra asciende a tres mil 407, dos mil 682 por no graves, y 725 por graves.
