- SCJN debe resolver amparos y controversias sobre la constitución y militarización de la Guardia Nacional
- Guardia Nacional no tiene límites claros en su actuación, hay opacidad en rendición de cuentas
Centralizar la seguridad pública ha sido una estrategia fallida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver controversias sobre la militarización de la Guardia Nacional, ya que esta aún no tiene límites claros para su operación, está tomando el mando de áreas del gobierno civil y pondría en riesgo la gobernanza democrática.
Ayer inició el foro titulado “La Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la militarización” que fue organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), así como varias asociaciones civiles enfocadas en estrategias de seguridad nacional. El objetivo de este espacio es presionar a la máxima autoridad jurisdiccional y demás órganos del Poder Judicial para que resuelva a las controversias constitucionales y amparos presentados sobre constitución de la Guardia Nacional, que ahora está teniendo un enfoque militarizado.
Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), consideró que para impulsar la formación y desarrollo de autoridades civiles suficientes, eficaces y confiables, es necesario dejar de recurrir a la estrategia de centralización de seguridad y de poner a las fuerzas armadas al mando de áreas del gobierno civil.
“Pone en jaque esa posibilidad de construcción de una seguridad ciudadana de cercanía con gobiernos, sino que también están poniendo en jaque la posibilidad de la gobernanza democrática en el país, aumentando las áreas de poder y autonomía presupuestal de las fuerzas armadas en algo que nos preocupa muchísimo en su impacto de largo plazo”, comentó.
Estefanía Vela, directora general de Intersecta, destacó que los múltiples asuntos pendientes en la SCJN sobre la militarización no sólo tienen que ver con la Guardia Nacional, tienen que ver con las condiciones y los límites de las fuerzas armadas para actuar. Se deben considerar los derechos de las personas, definir una estrategia que en efecto defina una estrategia de seguridad.
Laura Atuesta, coordinadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó que hay opacidad en las fuerzas armadas en términos de rendición de cuentas y acceso a la información, falta de límites para operar que permite la violación de los derechos humanos.
