- No es asunto del INE, aclaran a los gobiernos “sentidos”
- Necesario vincular la participación ciudadana directa con las nuevas tecnologías
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera, destacó que del día quince de julio al primero de agosto, dos semanas antes de la consulta popular mandatada por el Ejecutivo federal, no se podrá hacer publicidad ni propaganda de los gobiernos constitucionales, y recordó que esta reglamentación no tiene origen en las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, sino de la Ley de la Consulta Pública.
Dijo saber que algunos gobiernos están “muy sentidos” con esta obligatoriedad, y reiteró que proviene de una ley diseñada por los legisladores federales, por lo que no resta más que acatarla, ya que por parte del INE, como administrador de los tiempos de radio y televisión, lo que hace es informar a las autoridades para que tomen sus providencias, aunque no se suspenden los tiempos relacionados con la educación ni los de protección civil y salud.
En otro tema relacionado con la consulta popular a realizarse el 1 de agosto, destacó que como una consecuencia para el estado está el que se cancele la construcción del edificio de la junta local del INE, ya que los 80 millones de pesos asignados a este proyecto se tuvieron que reasignar para este ejercicio ciudadano, “en el caso de Aguascalientes se aportaron 80 millones de pesos para la consulta popular derivado de que los propios legisladores federales le habían asignado esa cantidad para la construcción del edificio, entonces ese edificio ha quedado cancelado y el dinero va a servir para la consulta”, explicó.
Ruelas Olvera invitó a la población a que asista a dicha consulta, al recordar que se trata de un ejercicio de democracia directa que abrirá los ojos a los legisladores mexicanos, al considerar que se realizará con un formato pasado de moda, “ahora lo que el legislador requiere es que esta participación directa esté vinculada a la velocidad de la luz, por vía de instrumentos tecnológicos; son fundamentales para la toma de decisiones”, expuso.
El consejero presidente del consejo local del INE reconoció que el problema es que la pregunta que lo magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reelaboraron, es confusa y no habla de enjuiciar a expresidentes, sino de actores políticos, “un actor político puede ir desde un presidente de partido o un funcionario público común y corriente…puede ser un dirigente de partido que agarro el partido como franquicia o que tomó financiamiento público o que acomodó a toda la familia; un actor político es un funcionario público”.
Lamentó que algunos representantes de partidos han agarrado ya la bandera de esta consulta, cuando en este tema no tienen nada que hacer y tienen que tener el respeto y la ética política de permitir que la ciudadanía participe libremente en una democracia directa.
