- Hay un problema de simulación y usurpación en la acción afirmativa indígena, debido a los criterios que establecieron las autoridades electorales para acreditar la “autoadscripción calificada”
La 65 legislatura de la Cámara de Diputados que comienza en septiembre se integrará con 37 personas que llegaron por medio de la cuota indígena, pero no se puede afirmar que todas sean indígenas, aseguró la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Araceli Burguete.
Al participar en el foro Evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas en los procesos electorales federales, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la especialista afirmó que hay un problema de simulación y usurpación en la acción afirmativa indígena, debido a los criterios que establecieron las autoridades electorales para acreditar la “autoadscripción calificada”.
De acuerdo a los resultados de los cómputos distritales de la elección del 6 de junio, 37 personas postuladas por medio de esta acción afirmativa conformarán la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados: 15 hombres y 22 mujeres. Esto es un avance con respecto a la elección de 2018 cuando llegaron 13 personas indígenas: 10 hombres y tres mujeres.
La experta en gobierno indígena explicó que desde las elecciones de 2018 estamos frente a un problema de simulación y usurpación de esta acción afirmativa: “De tal forma que podemos concluir que un escaño ocupado por un diputado electo en un distrito indígena, no quiere decir que un indígena esté ocupando su lugar en la Cámara de Diputados, que por derecho le correspondería”.
En México, por primera vez en 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidieron a los partidos políticos postular, con paridad, a personas adscritas como indígenas en por lo menos 13 distritos con más de 60 por ciento de población indígena. En los comicios de 2021 la cuota se amplió de 13 a 21 candidaturas.
La también socióloga expuso que en 2017 la Sala Superior del TEPJF creó la categoría “autoadscripción calificada” para evitar la probable usurpación de estas candidaturas. Así estableció cuatro criterios: ser persona originaria o descendiente de una comunidad indígena, prestar servicios comunitarios, participar en reuniones de la comunidad y ser representante de alguna comunidad o asociación indígena.
Sin embargo, Araceli Burguete criticó que con estos requisitos “se abrió tanto la cancha” que se permitió que cualquier persona se postulara por medio de esta acción afirmativa. “Los distritos deben de ser para los indígenas, mediante procedimientos que deben, todavía está a debate, ser definidos para que efectivamente sean de ellos”.
También aseguró que la autoadscripción calificada implica un reconocimiento, pero además no basta con que una persona se asuma de cierta identidad, también implica un reconocimiento de una comunidad. En opinión de la experta la mayor debilidad en la acción afirmativa indígena es esta autoadscripción calificada y los cuatro criterios para obtener la prueba.
“Si somos honestos -agregó- lo que ha hecho el INE simplemente es hacer una tipología de distritos indígenas nada más, pero de ninguna manera están siendo candidatos indígenas y, obviamente, no son diputados indígenas los que ahora fueron electos al Congreso”.
Anayeli García Martínez|Cimacnoticias
