APRO/Mathieu Tourliere
Las violentas acciones que emprendió el gobierno federal -a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN)- contra caravanas de personas migrantes en Chiapas en días recientes, que incluyeron la separación de niñas y niños de sus padres, generaron un repudio generalizado entre la sociedad civil.
El Consejo Ciudadano del INM (CCINM), instancia civil que supervisa las acciones del INM, exigió un alto a la violencia y a las acciones de persecución, violencia, captura, así como separación familiar de niñas, niños y adolescentes, y sostuvo que durante el operativo de ayer en Huixtla han generado diferentes violaciones a los derechos humanos.
La denuncia del CCINM se sumó a la ola de indignación que provocaron los operativos violentos, los cuales quedaron exhibidos en videos tomados por periodistas en Chiapas, los cuales evidencian cómo agentes del INM y soldados de la GN hostigan, golpean y corretean a personas indefensas, les separan de sus niños o les obligan a quedarse en Tapachula.
“La violencia ejercida por agentes de migración es insostenible”, condenó el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), a la par de que el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano sostuvo que las autoridades utilizaron la separación de familias como estrategia de coerción contra las madres y padres, que INM y GN vienen desarrollando desde hace días.
El colectivo denunció detenciones arbitrarias y sin respeto a protocolos básicos, y recalcó que la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no frenó el abuso de poder, represión, uso excesivo de la fuerza y violación grave y sistemática de derechos humanos.
