- No presenta ningún cambio estructural para brindar justicia
- Las grandes ausentes del decreto son, de nuevo, las mujeres
De nueva cuenta, el decreto presidencial para liberar a personas privadas de su libertad se trata de una declaración de buenas intenciones, pues no contempla ningún cambio que en realidad permita brindar justicia social a las personas encarceladas y a las víctimas de los delitos, señala el Colectivo Equis Justicia para las Mujeres, organización que ha seguido de cerca el decreto de Amnistía presentado por el actual Ejecutivo nacional.
Luego de que hace poco más de un mes que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmaría un decreto para liberar a personas privadas de la libertad del fuero federal (el 29 de julio) para quienes no hayan cometido delitos graves generó una ola de esperanza para personas encarceladas y sus familias; pero en lo práctico no encuentras viabilidad, solo buenas intenciones.
“Si bien reconocemos la importancia de que presidencia se pronuncie sobre las problemáticas estructurales e históricas que han criminalizado injustamente a miles de personas en nuestro país, el decreto publicado este miércoles constituye, nuevamente, una declaración de buenas intenciones que no contempla ningún cambio estructural que permita brindar justicia social a las personas encarceladas y a las víctimas de los delitos”, señala Equis Justicia en una editorial escrita para Animal Político.
Destaca la organización que nada en el decreto es nuevo, pues los supuestos se encuentran previstos en otras normas desde hace varios años (en todo caso, urge garantizar el cumplimiento del marco legal vigente). El decreto tampoco subsana las graves fallas del sistema de justicia penal que han mantenido a estas personas en prisión. Lo único nuevo es el papel preponderante que da a la Secretaría de Gobernación para coordinarse con el sistema penitenciario y la Defensoría Pública Federal para identificar y gestionar los casos.
Las acciones están concentradas en la Secretaría de Gobernación, muy similar a lo ocurrido con la Ley de Amnistía y su Comisión (misma que en todo un año ha logrado sólo 5 liberaciones) pero esta vez a través de un Comité. Llama la atención que, hasta ahora, no se prevé un presupuesto o personal para su funcionamiento.
De nueva cuenta, las grandes ausentes en el decreto son quienes deberían de ser particularmente beneficiadas por este tipo de iniciativas, entre ellas las mujeres privadas de libertad. “En los casos de mujeres procesadas y sentenciadas, el decreto omite atender a todas aquellas que no fueron juzgadas con perspectiva de género y que, por defender su vida o no cumplir con roles de género —y un largo etcétera—, están injustamente en prisión…”
El decreto no contempla la obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencias de género ante la posible salida de quienes fueron sus agresores, lo cual es especialmente importante en un contexto de incremento histórico de las violencias contra las mujeres en el marco de la pandemia.
Como señalaba Equis Justicia en el seguimiento que dio a las gestiones de la Ley de Amnistía promulgada en abril del 2020, es necesario que las acciones gubernamentales para garantizar el acceso a la justicia, deben estar sujetas a la transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda entender, observar y evaluar sus avances y resultados; por lo que es necesario que se haga público el plan de trabajo, las metas, las actividades y sesiones del Comité Permanente y se precisen los medios a través de los que se tendrá acceso a ella.
“La justicia no se logra por decreto presidencial, mucho menos cuando éste solo se traduce en buenas intenciones y no en políticas integrales y presupuestales que atiendan las circunstancias particulares de las personas privadas de libertad, así como las fallas estructurales de las instituciones de justicia que siguen sin funcionar”, recalca el colectivo.
