- Martha Márquez, Dennys Eduardo Gómez y David Quezada Mora, panistas de renombre, dejaron una Contraloría que no daba resultados
- Cuando el actual contralor llegó a su cargo había cerca de 600 denuncias, pero solamente se lograron 50 procedimientos de responsabilidad administrativa en cuatro años
Durante la administración del panista Martín Orozco Sandoval, el gabinete estatal ha tenido cuantiosos cambios de titulares. Sin ser la excepción, la Contraloría, dependencia que ayuda en la vigilancia de los recursos públicos, ha sido una de las que ha tenido más de un cambio y que, hasta hace poco, ninguno había dado realmente resultados.
Primero, a la contraloría llegó Miguel Ángel Martínez Berumen, quien cumplió con la expectativa de que este cargo debería de ocuparse por alguien que no tuviera afinidad por algún partido político. Sin embargo, su paso por la Contraloría fue efímero, pues no concluyó ni siquiera el primer año; luego este fue reemplazado por una carta panista de trayectoria, la hoy senadora Martha Márquez Alvarado, quien para llegar a su actual cargo fue relevada por David Quezada Mora, quien en su momento declaró ser miembro del Partido Acción Nacional (PAN).
Para entonces ya se contaban dos panistas en la Contraloría, número que creció en otro tanto con la llegada de Dennys Eduardo Gómez Gómez, que a su vez era colega en el blanquiazul del gobernador, Martha Márquez y de Quezada Mora, su antecesor.
Sin resultados evidentes, en julio del 2020, Orozco Sandoval decidió remover a Gómez Gómez de la contraloría y puso en cambio al maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino, que incluso ya antes había trabajado en la Contraloría y que estuvo en el momento en que se inhabilitó a Marco Aurelio Hernández, por la entrega ilegal y discrecional de concesiones de transporte público.
Sobre el trabajo que antes se hacía en la Contraloría estatal, Arnoldo Hernández comentó: “Había alrededor de 600 investigaciones cuando yo llegué y los procedimientos -de responsabilidad administrativa, sanciones- no pasaban, en los anteriores cuatro años, de 50”.
El ahora contralor que está cerrando las cuentas pendientes del Gobierno del Estado con órganos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó que durante su administración, en un año, se lograron 140 procedimientos de responsabilidad administrativa. De ese total 30 son graves, y el resto se siguen aplicando incluso con inhabilitaciones a funcionarios públicos. Añadió que durante este periodo ya se sancionaron no solamente a servidores, sino también a tres contratistas, “lo que nunca se había hecho en la historia de Aguascalientes”.
Sobre los contratistas sancionados, informó que dos eran para obras públicas y el otro para procesos de adquisiciones.
Actualmente, la Contraloría de Aguascalientes está en aras de resolver las numerosas observaciones que tiene pendientes con la ASF, siendo que en el 2018 la suma de observaciones ascendía a poco más de 2 mil 300 mdp, lo que se espera llegue a solventar antes de que cambie la administración orozquista.
