APRO/Beatriz Pereyra
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que investiga a un grupo de funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por enriquecimiento ilícito, entrega indebida de apoyos económicos a deportistas y entrenadores, asignación de recursos sin comprobantes y, por si fuera poco, también están auditando contratos de prestadores de servicios.
Lo anterior lo dio a conocer el nuevo titular de la SFP, Roberto Salcedo, durante su comparecencia este miércoles ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
“Estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en nuestro Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade. Tenemos una denuncia penal en la Fiscalía Especializada de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito (…). No puedo dar información de las investigaciones en proceso”, aseguró Salcedo.
No obstante, la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) es la que interpuso la senadora Xóchitl Gálvez, pues la que elaboraron los auditores Luis Fernando Montaño y Filiberto Otero, ambos exintegrantes del OIC de la Conade, no ha sido presentada ante la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos.
El servidor público añadió: “Tenemos de faltas no graves 14 sanciones, la destitución e inhabilitación por seis meses del subdirector de Calidad (Israel Benítez) y del director de Alto Rendimiento (Arturo Contreras)”.
Cabe resaltar que, aunque no ostenta ningún cargo, Benítez continúa despachando en la Conade como brazo derecho de la titular, Ana Guevara.
Asimismo, Contreras ya volvió a ser contratado en la Conade, ahora como director de Centros del Deporte Escolar y Municipal adscrito a la subdirección de Cultura Física de la Conade.
Roberto Salcedo dijo que la SFP también investiga la entrega de 9.5 millones de pesos sin comprobantes por parte de la Conade e indaga a prestadores de servicios contratados a través de la partida denominada Capítulo 3000.
“Tenemos en estudio 71 contratos de prestadores de servicios, que tenemos dudas sobre ellos y tenemos unas auditorías a cada uno. Estamos (con) la lupa en la Conade. Varios asuntos están en la Fiscalía”, explicó el funcionario.
