En una columna reciente, Juan Pablo Becerra-Acosta M. difundió un decálogo sobre “Lo que debe hacer y nunca debe hacer un periodista”, los puntos que se abordan tienen que ver con la responsabilidad con que se carga a los reporteros en función de su compromiso con la verdad y la obligación que los lectores imponen con la imparcialidad. Estos son los 10 puntos que un periodista debe evitar:
Mentir.
Calumniar.
Difamar.
Ocultar información.
Dar información incompleta.
Distorsionar hechos.
Sesgar acontecimientos.
Tergiversar información.
Sacar de contexto información.
Manipular la información.
Cito este decálogo tras publicar una llamada de atención a los diputados de la LXV del Congreso de Aguascalientes para que asuman la responsabilidad de apoyar el ejercicio del periodismo en la entidad reconociendo la labor de los reporteros a través de reconocimiento de su tarea. Estoy convencido de que la mayoría de los profesionales que se desarrollan en los medios de comunicación locales respetan estas pautas al momento de elaborar sus textos, y que la falta de reconocimiento por parte de las autoridades desalienta y obstaculiza el desarrollo de estos periodistas.
En su columna, Juan Pablo Becerra-Acosta M. señalaba que este decálogo también aplicaba a cualquier político “que se ufane de ser honesto” y lo relaciono con la recomendación que, recientemente, realizó un grupo de mujeres organizadas sobre las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derecho Humanos de Aguascalientes sobre la brutalidad policiaca que sufrieron el 8 de marzo.
La importancia de estas recomendaciones radican en que visibiliza la violencia ejercida por parte de las corporaciones policiacas (estatal y municipal) contra el derecho fundamental de la libertad de expresión, sobre las agresiones brutales sufridas por las mujeres han escrito en LJA.MX, Tania Magallanes y Claudia Rodríguez Loera, no me corresponde abundar en ellas, lo que considero que es mi obligación es evidenciar la respuesta insuficiente por parte de los gobiernos del Estado y del municipio de Aguascalientes, así como de los diputados, en relación a estas observaciones y extenderlas hacia el ejercicio de la profesión periodística.
No se puede ni se debe aplaudir el trabajo de Asunción Gutiérrez Padilla al frente de la Comisión de Derechos Humanos porque simplemente está realizando el trabajo para el que fue contratado, no sólo eso, en la divulgación de las observaciones su desempeño ha sido mediocre, como ombudsperson su tarea no termina en la elaboración de un reporte, ha dejado de lado la máxima publicidad de las observaciones y la demanda de que los titulares de las secretarías de seguridad pública estatal y municipal, Porfirio Sánchez Mendoza y Antonio Martínez Romo, respondan públicamente a las recomendaciones que se les hicieron desde la Comisión; la abulia con que ha actuado Asunción Gutiérrez permite insinuar que el ombudsperson está más preocupado por cuidar sus intereses personales que por garantizar el derecho de las personas.
En el caso de los jefes de las policías, al evadir la responsabilidad de responder a las observaciones de la Comisión, en las que se les demanda que reparen el daño, prevean la no repetición de las agresiones y garanticen el ejercicio de la libertad de información, sus omisiones no sólo son insuficientes, demuestran la ausencia de compromiso con la rendición de cuentas y una falta de respeto a las garantías individuales.
Al Congreso lo menciono porque hace unos días, una diputada se llenó la boca generando propuestas (proponer un punto de acuerdo) para combatir la impunidad y erradicar la violencia de género, la propuesta de Sanjuana Martínez no sólo es insuficiente, además muestra el poco compromiso que tiene con el análisis de la realidad, ¿de qué otra manera entender que no conozca las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?, no sólo ella, a los otros 26 diputados también les correspondería estar enterados del asunto y manifestarse como los representantes populares que son.
La Fiscalía General de Aguascalientes también es motivo de las observaciones de la Comisión, aún está por verse el compromiso de Jesús Figueroa Ortega para cumplir con no continuar con la criminalización de las mujeres que están siendo procesadas por manifestarse el 8 de marzo.
Además de la reparación del daño y evitar la repetición de las agresiones, la Comisión de Derechos Humanos recomienda a las autoridades garantizar el ejercicio periodístico en la cobertura de hechos informativos, no agredir a los periodistas, en ese punto, la actuación de todos los órdenes de gobierno, de las autoridades no sólo ha sido insuficiente, es deplorable, de pena ajena. ¿Qué van a hacer?
Coda. En otro decálogo para periodistas, Miguel Ángel Granados Chapa propuso el siguiente punto: “Combata la ambigüedad: no insinúe, no exagere, no minimice. Elija una postura y defiéndala. Un juicio no depende de la complicidad del lector sino del apego a la verdad”, aplica para la clase política que se llena la boca declarando que está del lado de la gente, no basta decir, hay que hacer.
@aldan
