Durante los pasados años, una ONG internacional llamada WJP (World Justice Project), creó y desarrolló una herramienta para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo. Así, WJP publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) desde 2018, índice subnacional que mide y compara el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas. Dicho índice retoma y adapta el marco conceptual y metodológico que dicha organización aplica a nivel internacional, con adaptaciones pertinentes a la realidad mexicana.
Para los años 20-21, WJP presentó su tercera edición del IEDMX (2020-2021), con datos e indicadores organizados en los ocho factores que lo integran. Según sus autores, El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 refleja las perspectivas y experiencias de más de 25,600 personas en todo el país, así como de más de 2,300 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, a quienes se entrevistó entre julio y octubre de 2020, además de los resultados de una multiplicidad de fuentes terciarias como encuestas y bases de datos de otras instituciones reconocidas en estos temas.
El Índice presenta datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: 1) Límites al poder gubernamental, 2) Ausencia de corrupción, 3) Gobierno abierto, 4) Derechos fundamentales, 5) Orden y seguridad, 6) Cumplimiento regulatorio, 7) Justicia civil, y 8) Justicia penal. A su vez, los ocho factores se desagregan en 42 sub-factores, los cuales reflejan las perspectivas y experiencias de muchos actores sociales.
Como no podía ser de otra forma, debido sobre todo a causas exógenas como la pandemia y sus múltiples efectos sociales, los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 ponen de manifiesto un cierto “estancamiento” en el avance de México en su camino hacia la consecución de un Estado de Derecho, con cambios marginales en los puntajes generales de las entidades federativas desde la última edición. A pesar de lo anterior, los datos muestran algunos cambios en ciertos aspectos del Estado de Derecho.
Es claro que en la mayoría de los estados, las instituciones de procuración y administración de justicia se vieron particularmente afectadas por la pandemia, como lo muestran las caídas en el Factor 8 del Índice (justicia penal). Los datos presentados también demuestran un debilitamiento de libertades como la de prensa y una reducción del espacio cívico, continuando con una tendencia que inició antes de la pandemia y que se profundizó durante la crisis.
Al igual que en años anteriores, la seguridad pública sigue siendo uno de los mayores retos y oportunidades del país, aunque algunas entidades registraron una disminución en las tasas delictivas que también pueden ser atribuidas probablemente a los efectos de la pandemia.
La brecha entre los puntajes de las 32 entidades federativas y el puntaje idóneo (el Índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho) sigue siendo en general extensa, lo cual indica que todas tienen aún retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho consolidado. Los estados con los puntajes más altos fueron Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44); destacándose el hecho de que Yucatán encabeza el puntaje en las tres ediciones del índice para México, mientras que Coahuila y Campeche subieron desde las posiciones 6 y 4 en la versión previa del Índice, respectivamente. En contraste, los estados en los lugares más bajos para la edición 2020-2021 del Índice son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36). Cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales del Índice de Estado de Derecho en México, en las tres ediciones que han sido publicadas desde 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42). Aguascalientes está entre las cinco entidades que bajaron en puntaje respecto a ediciones anteriores, aunque bien se puede decir que las bajadas son marginales y que en general la situación se mantiene igual durante los años que la medición se ha hecho. México por su parte ocupa el lugar 113 entre 139 países analizados, lo que da cuenta de los grandes o enormes retos de la sociedad mexicana en la materia, donde no podrá haber consolidación democrática ni transformaciones que no pasen por el avance y consolidación del Estado de derecho.
@efpasillas
