La constante guerra de denuncias que ha habido en la última semana entre la presidencia municipal de Aguascalientes, encabezada por el priísta Gabriel Arellano Espinosa, y la cúpula estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ha pasado al Congreso del Estado, donde los diputados panistas exigieron que el órgano superior de fiscalización revise las presuntas irregularidades en el ejercicio del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).
La diputada Patricia Lucio Ochoa subió al pleno para hablar a nombre de la bancada panista, haciendo eco de las denuncias que en días pasados presentara Arturo González, dirigente estatal del PAN ante la procuraduría de justicia estatal y la Procuraduría General de la República en contra de diversos funcionarios municipales, las cuales están sustentadas en presuntos desvíos de recursos que ascienden a 304 millones de pesos.
Tras lo anterior, anunció que el grupo parlamentario del PAN presentaría un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que ordene al Órgano Superior de Fiscalización, para que de manera “inmediata” practique una auditoría al Ayuntamiento de la capital, “con el objeto de verificar en forma detallada el ejercicio del gasto público de los recursos otorgados del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el año 2008, así como los recursos del crédito con instituciones bancarias para el ejercicio 2008 y los primeros meses de 2009, que representan cerca de 304 millones de pesos, que corresponden 104 millones de la mezcla con recursos federales y 200 millones a la autorización de endeudamiento que en este Congreso del Estado le otorgamos a la presidencia municipal para invertirse en seguridad pública” señaló la legisladora.
De igual manera, se solicitó que también se le entregue una copia de este punto de acuerdo “a la Auditoría Superior de la Federación para solicitarle de manera respetuosa, que en el ámbito de su competencia realice las actividades de fiscalización y auditoría al municipio de Aguascalientes, correspondiente al ejercicio de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el año 2008”.
Previo a anunciar el punto de acuerdo, Lucio Ochoa hizo hincapié en una serie de observaciones que han sido señaladas por una auditoría que se realizó al ayuntamiento de la capital, efectuada por la propia Contraloría Municipal, entre las que destacó irregularidades por 120 millones de pesos “en la adquisición de equipo de seguridad pública, por funcionarios de primer nivel principalmente de las secretarías de Seguridad Pública y Administración”.
De estas, la diputada panista mencionó compras sin justificación, en las que se habrían violado los procedimientos, así como la compra de equipo que no se ha usado, y equipamiento que fue adquirido con sobreprecio.
De igual manera, destacó las presuntas irregularidades en la compra del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, a la vez que criticó la presencia e injerencia del denominado ‘Grupo Chihuahua’, señalando que la asesoría vertida por el mismo no ha arrojado resultados tangibles.
Todavía faltará ver si el punto de acuerdo es aprobado por los diputados priístas, que actualmente cuentan con la mayoría en el Congreso del Estado, y fácilmente podrían echar abajo la pretensión de la bancada panista.
